Por Juan Antonio Hormigón

La apertura de las Cortes el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León (hoy San Fernando), cerquita de Cádiz, fue un acontecimiento parateatral de solemne prosapia. Una efeméride que iba a desembocar en la redacción de una norma constitucional aprobada en 1812. En la Constitución se proclamaba por vez primera la soberanía nacional, el sistema parlamentario y la división de poderes. Sin embargo todo ello fue fruto de un largo camino plagado de dificultades.

La convocatoria de Cortes

La mayor parte de los motines que se dieron en diferentes ciudades españolas en los meses de mayo y junio de 1808 contra la presencia de los aliados franceses, obedecieron en general a las conspiraciones urdidas por agentes del partido fernandista. Sus intenciones eran la proclamación del absolutismo en la persona de Fernando VII, así como de la religión en su vertiente más fanática, primaria y oscurantista. Todo esto es notorio y evidente en los testimonios y documentos que se conservan.

Marx dejó en sus artículos sobre La España revolucionaria, publicados en el New York Daily Tribune del 9 de septiembre al 2 de diciembre de 1854, un sagaz análisis de estos acontecimientos. Comprende la naturaleza reaccionaria de estos tumultos en apariencia populares, pero insiste en la presencia en los mismos de elementos revolucionarios. La presunción de Marx me parece un tanto voluntarista a este respecto. No puede negarse que algunos de los que participaron en dichos episodios pertenecieran al bando progresista, pero lo hicieron a título personal, no como algo articulado y fruto de la voluntad conjunta de hacerlo.

Igualmente no fueron pocos los ilustrados que se mostraron a favor del cambio de dinastía y del Estatuto de Bayona, como fue el caso de Cabarrús, Meléndez Valdes, Moratín, José Marchena o Alberto Lista. Estos intentaban ante todo evitar la anarquía y la guerra. Fue con el transcurrir de las semanas y sobre todo tras el lance, un tanto absurdo, de Bailén, cuando los partidarios de los cambios profundos en las estructuras del Estado vieron la ocasión para promover un movimiento de renovación, al calor de la situación beligerante que existía.

La Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, que ostentaba los poderes ejecutivo y legislativo desde septiembre de 1808, se trasladó de Aranjuez a Sevilla y finalmente a San Fernando. Tras no pocos lances y confrontaciones a favor y en contra, dilaciones y actitudes dubitativas, la Junta emitió un decreto el 22 de mayo de 1809 convocando a Cortes.

Todo eso sucedía meses antes de que la Junta cediera sus prerrogativas al Consejo de Regencia, el 30 de enero de 1810. La convocatoria no fue nada fácil, la Regencia la siguió de muy mal grado y la retrasó todo lo que pudo. Había quienes no la deseaban en absoluto y quienes tan sólo consentían en que se reunieran Cortes tradicionales, estamentales, según la fórmula medieval. Pero existía un grupo relevante de herederos de la Ilustración y de filiación liberal, aunque este término no tuviera todavía carta de naturaleza política, que pugnaban porque fueran fruto de una convocatoria global y que constituyeran el inicio de un cambio profundo en la forma y organización del Estado. Hubo numerosas manifestaciones en este sentido.

Manuel José Quintana fue uno de quienes antes enunció los propósitos de los progresistas liberales. Era una persona con capacidad de unir pensamiento y acción: “uno de los españoles más honestos y más capaces que jamás he conocido” dirá Blanco White en su Autobiografía¹. En el Semanario Patriótico del 24 de noviembre de 1808, Quintana escribía: “La defensa [de la patria] es para afianzar la independencia política, y el establecimiento de nuevas leyes fundamentales para una administración interior justa y benéfica”. Quintana era un escritor con profunda formación intelectual, que al igual que otros varios dedujo que la crisis nacional era momento propicio para promover un cambio político y social profundo. Y comenzaron a vislumbrar un horizonte de Cortes Constituyentes, que sancionaran una Constitución que fructificara un nuevo Estado.

Impulsos similares se observaron desde otras vertientes de la vida social. Sirva de ejemplo esclarecedor el de Lorenzo Calvo de Rozas. Era este un vizcaíno que había hecho una cuantiosa fortuna como comerciante, cifrada en 1808 en cuatro millones y medio de reales. En 1798 se trasladó a Madrid, donde dos años más tarde se convirtió en miembro de la Junta de Gobierno del Banco de San Carlos.

En 1804 fue el primer director de la Sociedad de Comerciantes, formada por orden de Carlos IV para proveer de grano al Reino en la grave carestía de ese año. A fines de mayo de 1808 marchó a Zaragoza para alejarse de Madrid. Allí acababa de producirse el motín que llevó a Palafox a la Capitanía General de Aragón. Fue detenido en un primer momento por sospechas de ser gubernamental, pero de inmediato se transformó en la eminencia gris del caudillo aragonés, quien le dio los cargos de Intendente General interino del Ejército y Reino de Aragón, Corregidor y Juez de Policía de Zaragoza.

Durante el primer sitio zaragozano, Calvo de Rozas fue el verdadero artífice de la defensa: el general vagaba por los pueblos aledaños desde que salió a galope tendido con sus ayudantes de la capital, el primer día de combate, el 15 de junio. Los franceses atacaban con denuedo la puerta de Santa Engracia y Palafox que observaba a caballo desde lejos, en la calle del mismo nombre, la acometida, volvió grupas, picó espuelas, cruzó el Ebro y no paró hasta pasar el Gállego y recalar en Villamayor.

Cuando hubo que enviar los dos delegados aragoneses a la Junta Central, Palafox eligió a su hermano, el brigadier Francisco de Palafox y Melzi, y a Calvo de Rozas. La designación era sorprendente, porque el brigadier era un ultraconservador nobiliario, secuaz de Montijo junto al que participó en varias intrigas, mientras que el vizcaíno era un liberal conspicuo de fuertes convicciones. Para entender el debate promovido en torno a esta cuestión, es notablemente ilustrativa la Proposición de convocatoria de las Cortes y elaboración constitucional, presentada por Calvo de Rozas el 15 de abril de 1809. El interés de este documento estriba tanto en la oportunidad política que asume, como en las características que sugiere para el funcionamiento del cónclave civil:

Si el opresor de nuestra libertad ha creído conveniente el halagarnos al echar sus cadenas con las promesas de un régimen constitucional reformativo de los males que habíamos padecido, opongámosle un sistema para el mismo fin, trabajando con mejor fe y con caracteres de más legalidad. Añadamos este incentivo a los que hasta aquí mueven heroicamente a la Nación; saquemos de neutralidad a los que si no ven en la conducta y ofrecimiento del enemigo nada que pueda merecer su afecto, tampoco ven hasta ahora en nosotros todos aquellos motivos capaces de determinarlos a obrar con la seguridad de venir a días de felicidad política afirmada en buenas leyes. Empeñemos por este medio a la clase instruida y que debe ser la moderadora de la opinión pública, a fortificarnos con su adhesión y a derramar en el espíritu nacional el fuego, el ardor y la vida que sólo pueden derivar de sus escritos y de sus discursos; trabajemos, en fin, por este medio aquel robustecimiento que todavía falta a la autoridad de la Junta Central, trayendo a su apoyo todas las clases del Estado y la voluntad general.

Persuadido de estas consideraciones, y para que desde este momento conozca el público cuáles son nuestras intenciones, siento que conviene resolver, por punto general, que se hará una reforma en todos los ramos de la Administración que la exigiesen, consolidándola en una Constitución que, trabajada con el mayor cuidado, será presentada inmediatamente que las circunstancias lo permitiesen a la sanción de la Nación, debidamente representada; que para estos objetos podrán, en el espacio de dos meses, contados desde la publicación, todos los que hubiesen meditado y se creyesen con luces en la materia, dirigir proyectos a la Secretaría de la Junta, sea sobre la Constitución en general, sea en particular sobre Guerra, Marina, Hacienda, Justicia, Comercio y Colonias, Agricultura y Artes, anónimos o firmados, o con un epígrafe que con el tiempo sirva a descubrir los autores; (…) Por este medio se tendrá más acierto en la elección de los sujetos componentes de las Comisiones, éstas se hallarán con una masa de ideas sobre las materias de su competencia, que facilitarán el trabajo y servirán a su perfección, y por resultado final se obtendrá aquel mejor posible, a que en todas sus operaciones se encaminan la buena fe, el deseo del acierto y una conciencia ilustrada.

A pesar de las manifestaciones crecientes a favor de la convocatoria, las actitudes dilatorias fueron constantes. Tanto la Junta Central como la Regencia sabían que eso significaría cambios profundos en el sistema existente. Fernandistas acrisolados la mayoría, sólo acordaron la reunión de Cortes cuando las presiones de quienes defendían la convocatoria se hicieron insostenibles hasta en la calle.

Los que abandonaron

Estaban por otra parte los que abandonaron, los que no queriendo estar bajo la protección francesa, no soportaban el cariz reaccionario de la Junta Suprema. Tal es el caso de Blanco White quien al igual que Calvo de Rozas, que fue encarcelado, y Jovellanos, que fue víctima de calumniosas acusaciones a pesar de ser miembro de la misma, mereció ser declarado persona “non grata” por sus escritos en El Semanario Patriótico. Este periódico lo publicó en Sevilla con Isidoro Antillón, con el cual compartía vivencias y convicciones similares como señala en su Autobiografía: “Antillón participaba de los mismos puntos de vista que yo desde el comienzo de la guerra y también, como yo, se había entregado a la causa nacional contra Napoleón, aunque ninguno de los dos hubiéramos aconsejado la insurrección popular”. Al final del Capítulo II de su Autobiografía, expone los acontecimientos con nitidez y establece bien a las claras su postura:

Los diferentes hechos de la Revolución española se sucedieron con sorprendente rapidez. Las provincias más alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los franceses, y llegó el momento en que había que tomar partido en el enfrentamiento inevitable. La lucha que tuvo lugar en mi espíritu fue más dura de lo que soy capaz de explicar. Conocía demasiado bien la situación moral e intelectual de mi país para sentirme optimista sobre los resultados favorables de la insurrección popular. Yo sabía muy bien que muchos de mis amigos creían desinteresados actos de patriotismo lo que no eran más que mezquinas ambiciones personales. Ellos confiaban, además,

que cuando los ciegos prejuicios del país hubieran conseguido arrojar a los franceses de la península, el partido liberal tendría la oportunidad de someter a los clérigos, a los que de momento les permitían tener una ascendencia total sobre el pueblo para usarlos como instrumento pasajero. Pero a mí me parecían absurdos estos razonamientos. Yo estaba convencido de que si el pueblo pudiera permanecer tranquilo bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado mientras el país se libraba de una dinastía de la que no era posible esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón quedaría ampliamente compensada con los futuros beneficios de esta medida. En efecto, en pocos años la nueva familia real se identificaría con el país. Muchos de los españoles más ilustrados y honestos se habían puesto del lado de José Bonaparte. Se había preparado el marco de una Constitución que, a pesar de la forma arbitraria con que había sido impuesta, contenía la declaración explícita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio consentimiento y no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición, fuente y causa principal de la degradación del país, iba a ser abolida inmediatamente, y lo mismo sucedía con las Órdenes religiosas, aquel otro manantial de vicios, ignorancia y esclavitud intelectual. De esta forma, en menos de medio siglo, el país, libre de impedimentos para el desarrollo natural de su capacidad para el bien, quedaría completamente regenerado. Estas eran mis opiniones durante la ansiosa espera que siguió al horrible dos de mayo de 1808. (…)

A pesar de todo, tuve bastante patriotismo como para no unirme al partido afrancesado, que contaba con la hasta entonces invencible ayuda de los ejércitos de Napoleón, y marcharme en medio de graves peligros y dificultades a la misma sede del fanatismo, Sevilla, donde tenía que volver a desempeñar mi insoportable oficio, durante tanto tiempo abandonado, y actuar como un hierofante ante una multitud ciega, ignorante y engañada.

¿Quién era, pues, el verdadero patriota? ¿El que siguiera, como yo, a la masa de sus compatriotas contra sus propias convicciones, porque no quería verlos forzados a aceptar lo que consideraba bueno para ellos, o el de aquéllos que al unirse al pueblo no hacían más que seguir los impulsos de sus sentimientos, por no mencionar sus propósitos de ambición e interés personal?

Si se hubiera establecido el gobierno de José Bonaparte, la tierra donde nací hubiera dejado de ser para mí un lugar de esclavitud, pero, sin embargo, tan pronto como me enteré que mi propia provincia se había levantado contra los franceses, acaricié mis cadenas y regresé sin demora al lugar donde sabía que me habrían de amargar más la vida: volví a Sevilla, la ciudad más fanática de España, en el momento en que estaba bajo el control más completo del populacho ignorante y supersticioso y guiada por aquellos clérigos que me causaban al propio tiempo horror y desprecio. Volví en medio de constantes peligros de mi vida a través de otras regiones del país que atravesaban una situación de anarquía homicida y sed de sangre.

Blanco no quiso esperar que los acontecimientos fueran favorables a su ansia de progreso y libertad intelectual. No quiso esperar a que las Cortes si finalmente se convocaban, se reunieran y deliberaran. El 29 de enero de 1810 se trasladó a Cádiz y el 23 de febrero salió de naja hacia Inglaterra para no volver jamás a su tierra. José María Blanco Crespo, que así se llamaba, fue una de las mentes más lúcidas y penetrantes respecto a lo que veía a su alrededor y al porvenir de España. Un español imprescindible me atrevo a decir, por la justeza de sus convicciones, sus análisis austeros y libres de componendas y su resistencia a sucumbir al patrioterismo facilón impregnado de testosterona zafia, que tanto gustaba y gusta a muchos de sus compatriotas.

Cortes Generales y Extraordinarias

Las Cortes se congregaron por fin el 24 de septiembre de 1810 como hemos anunciado. El ritual escogido, todo era nuevo en cierto modo, seguía pautas parateatrales, algo distintas a las que regían en los fastos de la Corte, en la liturgia, incluso en los abominables procedimientos públicos de la Inquisición. El teatro lo impregna todo en la vida cuando se trata de ceremoniales de referencia.

Los diputados se reunieron a las nueve de la mañana en la sala capitular del Ayuntamiento convocados por la Regencia. Las elecciones se habían realizado mediante voto directo. El conde de Toreno cuenta que “por cada 50.000 almas se escogía un diputado, y tenían voz para la elección los españoles de todas clases avecindados en el territorio, de edad de veinticinco años, y hombres de casa abierta. Nombrábanse los diputados indirectamente, pasando su elección por los tres grados de juntas de parroquia, de partido y de provincia. No se requerían para obtener dicho cargo otras condiciones que las exigidas para ser elector y la de ser natural de la provincia, quedando elegido diputado el que saliese de una urna ó vasija en que habían de sortearse los tres sujetos que primero hubiesen reunido la mayoría absoluta de votos”².

Se dieron cita aquella mañana 296 de los 300 diputados, de los cuales 220 correspondían a la Península, Ceuta, Melilla y Canarias y 80 eran los que representaban a los españoles de América y Filipinas. Su nómina incluía personas de todo tipo. Había 90 eclesiásticos, 56 abogados, 49 funcionarios, 39 militares y 15 catedráticos de universidades. Todos ellos tenían una postura individual y no la de su pertenencia a un estamento determinado.

A las nueve y media los diputados junto al Consejo de Regencia, se dirigieron en formación procesional a la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo donde se celebró una Misa del Espíritu Santo por el cardenal arzobispo de Toledo, don Luis de Borbón. Cuenta el Conde de Toreno (p.780), que sería pronto uno de ellos, que tras la lectura del Evangelio el Notario Mayor del Reino leyó por dos veces la fórmula del juramento:

¿Juráis la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra en estos Reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio para liberarla de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro muy amado Soberano Don Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posible para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el trono? ¿Juráis desempeñar fiel y lealmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar, y variar aquellas que exigiesen el bien de la nación?

Todos los diputados respondieron: “sí, juramos”. Después pasaron de dos en dos a tocar el Libro de los Evangelios. Al concluir el acto litúrgico, nuevamente en procesión se dirigieron al Teatro Cómico, sede de aquella Asamblea Nacional Legislativa. El propio Toreno (p. 781) que estaba presente, relata de este modo lo sucedido:

En toda la carrera estaba tendida la tropa y los diputados recibieron de ella, a su paso, como del vecindario e innumerable concurso que acudió de Cádiz y otros lugares, víctores y aplausos multiplicados y sin fin. (…) Y al ruido del cañón español que en toda la línea hacía salvas por la solemnidad de tan fausto día, resonó también el del francés, como si intentara éste engrandecer acto tan augusto, recordando que se celebraba bajo el alcance de fuegos enemigos.

Llegado que hubieron los diputados al salón de cortes, saludaron su entrada con repetidos vivas los muchos espectadores que llenaban las galerías. Habíanse construido éstas en los antiguos palcos del teatro: el primer piso lo ocupaba a la derecha el cuerpo diplomático, con los grandes y oficiales generales, sentándose a la izquierda señoras de la primera distinción. Agolpose a los pisos más altos inmenso gentío de ambos sexos, ansiosos todos de presenciar instalación tan deseada.»

El coliseo precisó de reformas tanto de disposición como de adecentamiento. Estas consistieron en componer un patio de forma elíptica presidido por el retrato de Fernando VII. En el centro se colocó una mesa destinada al presidente y los secretarios. Los diputados se sentaban en dos hileras de asientos al pie de los palcos, mientras éstos se destinaron para el cuerpo diplomático, autoridades y público en general de varones, a las mujeres se les prohibió posteriormente la entrada. Además se acomodaron algunos locales próximos al escenario, que se convirtió en tribuna presidencial unida al hemiciclo por una amplia escalera.

Cuando se buscó acomodo para las Cortes se hizo ineludible en consecuencia recurrir a un teatro, único lugar laico disponible y con posibilidades de cumplir dicha función. La otra alternativa era una iglesia, y en el mes de febrero de 1811 se trasladaron al Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz. Aquella mañana hubo mucho público en las calles de San Fernando, ciudadanos y soldados en buen acuerdo, así como en los pacos del rehabilitado coliseo para presenciar los fastos. Algunos venidos de lejos, otros del entorno. La teatralidad del suceso convocaba de modo rotundo a sus espectadores.

Respecto a la presencia de público, que algunos de los diputados vieron con reticencia, Toreno dice con perspicacia y conocimiento de lo que allí sucedía: “La Regencia de suyo abrió el salón al público, movida, según se pensó, no tanto del deseo de introducir tan plausible y necesaria novedad, cuanto con la intención aviesa de desacreditar á las Cortes en el mismo día de su congregación”. En líneas generales no lograron su propósito. Bien es verdad que en una de las primeras sesiones se decidió prohibir el acceso de las señoras a los palcos, lo cual redujo la presencia de público asistente.

Tanto el ceremonial como el juramento poseían todo el hedor del antiguo régimen, hubiera sido absurdo esperar lo contrario. Pero los allí reunidos representaban tendencias variadas y diferentes. Pronto se vio que entre los diputados había tres grupos bastantes definidos. El primero era el de los que pronto fueron llamados “serviles”, aunque Toreno utiliza el apelativo de “partido lóbrego” que también es muy explícito. Eran los partidarios irreductibles del absolutismo, opuestos a cualquier reforma que alterara las estructuras y privilegios del régimen existente. No buscaban hacer una Constitución pero una vez desbordados por los acontecimientos, se dedicaron con ahínco a torpedear los debates. A la postre, al retorno del abyecto Fernando fueron quienes rogaron que se anulara todo lo realizado por las Cortes.

El segundo grupo era el de los liberales ilustrados. En la historiografía actual es frecuente que se les defina como “liberales radicales”. Se presta a confusión respecto a los que hoy se definen así, que nada tienen que ver con aquellos y que si son radicales, están en la extrema derecha. Prefiero darles la connotación que creo acota mejor su origen, que desembocó en propuestas constitucionalistas y legislativas aunque articuladas, como es de suponer, en los condicionantes políticos concretos. Consiguieron ser paulatinamente mayoritarios en la primera legislatura e intentaron sacar adelante su proyecto renovador con evidente fortuna.

Ambos grupos representarían en la terminología actual la extrema derecha y la izquierda contundente. Eso es lo que coexistió curiosamente en Cádiz. Los centristas en un amplio abanico, con algunos elementos de extrema izquierda como José Marchena, apoyaban el cambio dinástico y al rey José.

Un tercer grupo lo constituían los conocidos como “americanos”. Eran los diputados que representaban a los territorios de ultramar. Fueron individuos dispares, algunos tan activos y extraordinarios como Mejía Lequerica, un liberal progresista constante; otros como Blas Ostolaza, firme en las filas serviles. Como grupo estuvieron, según les conviniera, con unos o con otros porque actuaban en función de sus intereses específicos. Parece ser que muchos eran tácitamente republicanos.

Algo parece evidente, unos cuantos diputados al menos compartían un objetivo similar: había que hacer una Constitución que definiera la forma y funcionamiento del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. A ello se pusieron desde el primer día.

La labor de las Cortes: La Constitución de 1812

La gran obra de las Cortes fue indudablemente la de debatir los términos de una Constitución que fue finalmente sancionada y entró en vigor en marzo de 1812. El mismo día 24 de septiembre, al inicio de la primera sesión, Muñoz Torrero, antiguo rector de la Universidad de Salamanca y diputado por Extremadura, y Manuel Luján de igual procedencia, propusieron el principio de la Soberanía Nacional. El debate fue extenso y enjundioso, intervinieron el asturiano Agustín de Argüelles y el “americano” Mejía Lequerica entre otros. Fue aprobado. Era la piedra angular de todo el edificio legislativo que se proyectaba. Constituía una medida decididamente revolucionaria.

Seguidamente, dando una prueba ostensible de que la autoridad residía en aquella institución, las Cortes redactaron el juramento que debía hacer la Regencia que constituía el poder ejecutivo:

¿Reconocéis la soberanía de la nación, representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y Constitución que se establezca, según los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar? ¿Conservar la independencia, libertad é integridad de la nación? ¿La religión católica, apostólica, romana? ¿El gobierno monárquico del reino? ¿Restablecer en el trono á nuestro amado rey D. Fernando VII de Borbón? ¿Y mirar en todo por el bien del estado? Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, seréis responsables á la nación, con arreglo á las leyes.

Nada de esto se conquistó sin querellas y debates, hubo resistencias sin cuento y no faltaron conspiraciones contra las Cortes. Pero superando todas las vicisitudes, se fueron aprobando medidas claramente revolucionarias. Así se aceptó que la soberanía de la nación reside en el pueblo, que quedó explicitada en el artículo primero de la Constitución:

Los diputados que componen este Congreso, y que representan la nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional.

Igualmente consagra la separación de poderes, que quebraba el entramado político del Antiguo Régimen; la inmunidad de los Diputados en el ejercicio de su labor y como representantes de la nación (Artc. 128); la libertad de imprenta, un plan general de enseñanza: establecimiento de escuelas públicas de primeras letras en todos los pueblos de España (Artc. 366); la reforma de las universidades (Art 367), la abolición de la Inquisición, la supresión de los privilegios feudales, la abolición de la tortura (Artc. 303), etc. No obstante también incluyeron la condición de que el catolicismo era la religión única de España, así como el reconocimiento de Fernando VII como rey legítimo.

Los liberales lograron gracias a su presencia mayoritaria y su capacidad dirigente, que prosperase en el articulado la fórmula de una representación nacional de carácter único y unicameral. Los constituyentes pusieron particular cuido en que los diputados no pudieran tener prebendas ajenas a su condición, ni dependientes del poder ejecutivo. Toreno (p. 791), es muy explícito:

Ningún diputado, así de los que al presente componen este cuerpo como de los que en adelante hayan de completar su total número, pueda solicitar ni admitir, para sí ni para otra persona, empleo, pensión y gracia, merced ni condecoración alguna de la potestad ejecutiva interinamente habilitada, ni de otro gobierno que en adelante se constituya bajo de cualquiera denominación que sea; y si desde el día de nuestra instalación se hubiese recibido algún empleo ó gracia, sea declarado nulo.» Aprobose así esta proposición, salvo alguna que otra levísima mudanza, y con el aditamento de que «la prohibición se extendiese á un año después de haber los actuales diputados dejado de serlo.

Los liberales sólo contaban con el instrumento de las Cortes para la prosecución de sus objetivos modernizadores del Estado y sus instituciones, todo lo demás lo tenían en su contra. Ellos legislaban, promovían un cambio de las leyes, de la mentalidad existente, soñaban con transformar una muchedumbre de vasallos en un pueblo de ciudadanos: Tarea ímproba sin duda. Pero aquello que les rodeaba les era contrario. Las estructuras del absolutismo seguían intactas, y sólo en las Cortes y un sector de la prensa se les daba cumplida respuesta.

¿Pero quiénes eran esos diputados fernandistas, los apodados “serviles”, y quiénes les apoyaban? Tenían una rudimentaria y breve nómina de convicciones, insufladas casi todas ellas por la clerigalla mostrenca que asolaba España. Ellos mismos eran no pocas veces clérigos de vetusto fundamentalismo. Los de su oficio cultos e ilustrados, que los había en número relevante, eran tan denostados como mirados con estupor por la masa inerte de tonsurados de acrisolada filiación antiilustrada, defensora del orden existente por muy agotado que estuviera. Por eso esta multitud consideraba herejes y descreídos a los franceses, deseaba un rey absoluto por la gracia de Dios y tenía una idea rudimentaria y minúscula de España y su sentido, fruto de creerse superiores a los de fuera, reduciéndola a una misérrima acumulación de certezas cerriles tales como ser contrarios a los derechos del hombre, desconocer la condición de ciudadano y no aspirar a nada de ello en aquellos días. Por eso consideraban a los liberales como “franceses, republicanos, filósofos y anticatólicos”. Ni se les pasaba por la mente pensar que tenían derecho a serlo. Eran muchos siglos de tener el control omnímodo sobre las conciencias.

Si grande fue la importancia de la prensa liberal gaditana, con periódicos como El Conciso, El Redactor General, La Abeja Española, etc., la servil no le fue a la zaga. Cabeceras como El Censor General, El Sol de Cádiz, Diario de la Tarde, Diario Patriótico de Cádiz o El Procurador General de la Nación y del Rey, son sumamente reveladoras del tratamiento de las diferentes cuestiones a debate. En el resto de las ciudades, Sevilla, Madrid, Mallorca, Barcelona, etc., la prensa servil fue mayoritaria. Basta recordar La Atalaya de la Mancha en Madrid, El Censor General (Sevilla), El fiscal Patriótico de España (Madrid), Píldora (Sevilla), El tío Tremenda o los críticos del Malecón, etc. Su objetivo no era otro que denostar la Constitución utilizando todas las falsías imaginables, y combatir las ideas liberales y las tenidas por afrancesadas. Tras el golpe de Estado de Fernando VII en mayo de 1814, fueron los únicos que quedaron. Con Franco pasó lo mismo tras la última guerra civil.

Aquello configuró la presencia en la sociedad española de un segmento cuya acción retrógrada y contumaz se ha prolongado hasta la fecha, incluidos sus medios de comunicación que no son en la actualidad minoritarios. Un segmento obstinado en defender con uñas y dientes las propuestas más retrógradas, un sistema social que garantizara los privilegios de la clase dominante, que mantuviera la condición de vasallos de la población, el poder puesto al servicio de la nobleza y las grandes fortunas, etc. Ellos han producido decenios de atraso en todos los terrenos, desigualdades, desprecio de la ciencia y la ilustración y tantas cosas más. Ellos han confundido el valor con la chulería zafia y han hecho gala de superioridad creyéndose bendecidos por su dios, sin ser capaces de reconocerse en su mediocridad y su cerrilismo. Fueron los que desencadenaron guerras civiles y sublevaciones reaccionarias a lo largo de nuestra historia, cuando perdieron el poder. Por eso es tan difícil encontrar en España una derecha política con sentido de la civilidad.

En cualquier caso, también desde posiciones centristas e ilustradas se atacó la Constitución por considerarla muy radical. Juan Sempere y Guarinos (1754-1830), ilustrado, jurista, político y economista que formó parte de los que apoyaron al rey José, publicó en francés ya en el exilio, en 1815, una Histoire des Cortes d´Espagne³. En ella combate a un tiempo el “idealismo” de los liberales de Cádiz y a los reaccionarios que se les oponían. En su opinión, muchos de aquellos liberales eran republicanos y creo que no se equivocaba en este juicio:

Se quiso hacer creer que la nueva Constitución era obra de la voluntad general de los Españoles, cuando solo era el resultado de las intrigas de una facción, ideada y elaborada por escritos incendiarios y por los gritos y alborotos de hombres sediciosos y sin moral, que llenaban las plazas, las galerías y las tribunas de las Cortes para aplaudir y para abuchear e imponer silencio a quienes querían intentar oponerles resistencia… el espíritu y las ideas de los liberales eran republicanos, aunque para no escandalizar abiertamente las opiniones del vulgo fingían que su único objetivo era oponerse al despotismo y constituir una monarquía moderada, basando sus proyectos en leyes y hechos de la antigua historia de España, adaptadas a sus ideas y a su manera…

La Constitución y el teatro

El teatro es un arte, una forma de expresión y un oficio antiguo. Quizá hay pocas cosas más antiguas entre las que la humanidad ha producido. Hablo, claro está, del teatro en sus expresiones primigenias y no constatables de forma documental y menos aún literaria. Pero además el teatro significa mucho en la vida de los pueblos, cuando el teatro merece ese nombre y la sociedad de la que surge. Por eso el teatro es mucho más antiguo que la constitución gaditana de 1812 y es lógico que las Cortes estuvieran impregnadas de teatralidad e incluso abordaran la cuestión del teatro.

El parlamentarismo representaba la teatralización del debate político, lo hacía visible para la ciudadanía. Antes, la política pertenecía al entorno del rey y los círculos cortesanos. Era algo secreto, que se mantenía en el silencio porque el absolutismo no precisaba discusiones públicas. De forma clandestina actuaban o al menos cabildeaban grupos de lo que podríamos denominar clases medias. Algunos escribían libros y folletos, de curso legal o eran ilegales, llenos de proposiciones sobre otra forma de gobernación, pero las decisiones y los tratados se firmaban sin ninguna consulta ni debate abierto y a la luz. Incluso las Sociedades Económicas de Amigos del País, no dejaban de ser círculos minoritarios y cerrados, aunque su labor fuera fundamental en la elaboración de proyectos que serían tenidos en cuenta en el futuro.

Las Cortes escogieron un teatro como primera sede y fueron un gran teatro con su distribución de los espacios, sus pautas de escenificación, sus actores y su público. Los diputados se convirtieron en intérpretes del personaje del político, con todas las variantes que es presumible imaginar y un tipo de gestualidad posiblemente aromada por lo que habían visto en los escenarios, a los que la mayoría era adictos. Otros, qué duda cabe, la contaminarían de la oratoria sagrada: eran los dos lugares en que expresamente se hablaba a la heterogénea comunidad.

Actores, hay que subrayarlo, que casi nunca llevaron escrito lo que decían, sino que lo construyeron a partir de sus conocimientos y convicciones. Toreno vuelve a darnos una vez más información suculenta (p. 785):

Los discursos se pronunciaron de palabra, entablándose así un verdadero debate. Y casi nunca, ni aún en lo sucesivo, leyeron los diputados sus dictámenes; sólo alguno que otro se tomó tal licencia, de aquellos que no tenían costumbre de mezclarse activamente en las discusiones. Quizá se debió á esta práctica el interés que desde un principio excitaron las sesiones de las Cortes. Ajeno entendemos sea de cuerpos deliberativos manifestar por escrito los pareceres: congréganse los representantes de una nación para ventilar los negocios y desentrañarlos, no para hacer pomposa gala de su saber y desperdiciar el tiempo en digresiones baldías. Discursos de antemano preparados aseméjanse, cuando más, á bellas producciones académicas; pero que no se avienen ni con los incidentes, ni con los altercados, ni con las vueltas que ocurren en los debates de un parlamento.

Agustín de Argüelles, uno de los diputados más eminentes, podría servirnos de ejemplo. Era asturiano, de Ribadesella. Trabajó a las órdenes de Moratín en la Interpretación de lenguas. En 1806 Godoy lo comisionó a Gran Bretaña por cuestiones diplomáticas. Allí estudió el parlamentarismo inglés y fue amigo de Lord Holland. También lo era de Jovellanos, que lo llamó a Sevilla junto a él cuando era miembro de la Junta Central. Su presencia en la Junta de Legislación como presidente de facto, produjo una serie de documentos que sirvieron al posterior desarrollo constitucional.

No son muchos los testimonios de sus actuaciones, más allá del de su elocuencia. Sin embargo algunos hablan de que «suplía en él la vehemencia de los efectos al vigor de los raciocinios» y mostraba destreza en el uso de la palabra. También se señala su elevada estatura, sus buenos modales, su cultura y voz melodiosa que le hacían una persona atractiva. Años después, otro cronista destaca “la viveza de sus ojos, (…) su expresiva figura, pues hasta su rostro, no muy agradable por cierto, le revestían de un aspecto original que le hacía interesante”⁴. Toreno que presenció la casi totalidad de sus intervenciones, lo describe de este modo (p. 824):

Brillante en la elocuencia, en la expresión numeroso, de ajustado lenguaje cuando se animaba, felicísimo y fecundo en extemporáneos debates, de conocimientos varios y profundos, particularmente en lo político, y con muchas nociones de las leyes y gobiernos extranjeros. Lo suelto y noble de su acción, nada afectada, lo elevado de su estatura, la viveza de su mirar, daban realce á las otras prendas que ya le adornaban.

El autor de Los ministros de España pondera igualmente las dotes interpretativas de Argüelles (p. 163):

Sus discursos eran desordenados, y muchas veces se le conocía que tomaba la palabra más por el deseo de hablar y quizá lucir su ingenio y locuacidad, que por la idea de ilustrar la cuestión que se debatía.

Incluso señala la controversia interpretativa e intelectual entre Argüelles e Inguanzo, diputado éste también por Asturias, un prelado canonista y “servil” en grado sumo.

El fuego, el entusiasmo y la imaginación calenturienta y abrasada que se reflejaban en los discursos de Argüelles, encontraban un antagonismo terrible en la lógica fría y profunda del clérigo Inguanzo.

Y llama la atención que siendo un hombre de doctrina filosófica tan severa, tuviese una cualidad que se aviene mejor con las imaginaciones febriles y exaltadas; la cualidad de la improvisación”. (p. 178)

Toreno habla igualmente de las virtudes interpretativas de otros protagonistas de aquel gran estreno. Se refiere a Mejía Lequerica, diputado de amplio desempeño, siempre activo en los debates, al que para su desgracia la muerte truncó un brillante porvenir político.

Entre los americanos divisábanse igualmente diputados sabios, elocuentes y de lucido y ameno decir. Don José Mejía era su primer caudillo, hombre entendido, muy ilustrado, astuto, de extremada perspicacia, de sutil argumentación, y como nacido para abanderizar una parcialidad que nunca obraba sino á fuer de auxiliadora y al són de sus peculiares intereses. La serenidad de Mejía era tal, y tal el predominio sobre sus palabras, que sin la menor aparente perturbación sostenía á veces, al rematar de un discurso, lo contrario de lo que había defendido al principiarle, dotado para ello del más flexible y acabado talento. Fuera de eso, y aparte de las cuestiones políticas, varón estimable y de honradas prendas” (p. 826).

Es evidente que Toreno en tanto que memorialista de aquellos sucesos, ya no sólo remite al contenido de los discursos sino observa atentamente la forma en que la alocución se produce, tanto en su dimensión verbal como gestual. Es decir, intenta describir el proceso interpretativo del ciudadano en su dimensión de diputado. Como he dicho, las actuaciones fueron muy diferentes. Baste citar lo que refleja de una intervención de Muñoz Torrero:

Pero quien entre los postreros de los oradores habló de un modo luminoso, persuasivo y profundo, fué el dignísimo D. Diego Muñoz Torrero, cuya candorosa y venerable presencia, repetimos, aumentaba peso á la ya irresistible fuerza de su raciocinación. (Toreno, 819)

Hay dos cuestiones más a las que es preciso aludir. La primera se refiere a la labor que las Cortes desarrollaron en relación con el teatro. Ciertamente se trató el tema y no de forma banal, pero desgraciadamente no prosperó la deslumbrante y constructiva propuesta articulada por Mejía Lequerica. De todo ello hablo de forma pormenorizada en otro artículo que se incluye en esta revista.

La segunda nos lleva a percibir en qué medida los cambios de mentalidad que generó la Constitución, fructificó en obras literariodramáticas concretas y adaptaciones de textos del pasado. Varios artículos hablan de ello en las páginas que siguen.

El riesgo de ser espectador

El asunto postrero que voy a tratar es el del público. No existe acontecimiento teatral sin auditorio, sin receptores inmediatos. Los constituyentes tenían conciencia de ello y legislaron el carácter abierto de las sesiones de Cortes, con la habilitación en la cámara de «galerías» donde podrían acudir “los hombres de todas clases”. De ello quedarían excluidas las mujeres. También se legisló que hubiera sesiones secretas, en función de la entidad reservada de los asuntos a tratar (Art. 126).

Los diputados presentes se convertían en el primer círculo de receptores de los discursos emitidos, pero a la par eran interlocutores. Los auténticos espectadores, así los denomina constantemente Toreno, eran sin duda los que podían ver y escuchar a unos y otros desde las galerías y palcos. Ellos poseían la capacidad de observación del conjunto, del sentido de los discursos y de las actitudes que generaban tanto en el intérprete como en los interlocutores. Este público inmediato era al mismo tiempo quien trasladaba, junto a los relatos y valoraciones de la prensa escrita, lo acontecido en el salón de Cortes.

Los espectadores por lo que nos cuentan, no estaban silenciosos siempre ni permanecían impasibles. Acababan de descubrir una nueva forma de representación que no escenificaba un texto previo sino que se desarrollaba ante sus ojos como fruto de la sabiduría y capacidades interpretativas de los actores diputados, mediante unas pautas espaciales y temáticas aceptadas, aunque transgredidas en ocasiones.

La población de las galerías escuchaba y a veces se enardecía en algunos debates. Por lo general era dominante el apoyo a los liberales. Sin embargo Toreno cuenta una trifulca superlativa que se produjo en una de las confrontaciones en torno al deseo de un grupo de serviles por reinstaurar la Inquisición. El 22 de abril de 1812, los absolutistas aunque creían que la votación ganada, no obstante tomaron sus prevenciones:

Dañáronles también ciertas precauciones que habían tomado, pues se figuraron que no les bastaba contar con la mayoría en las Cortes, si no se escudaban con el público de las galerías. Así fue que muy de madrugada las llenaron de ahijados suyos, con tan poco disimulo, que entre los concurrentes se divisaban muchos frailes, cuya presencia no se advertía en las demás ocasiones. Pensamiento muy desacordado, además de anárquico, porque daban así armas al bando liberal, que no pecaba de tímido, y volvían contra ellos las mismas de que se habían valido en sus reclamaciones contra los susurros, y alguna vez desmanes, de los asistentes á las sesiones. (p. 1117-18)

El dictamen evacuado por una Comisión, proponía reponer la siniestra lacra inquisitorial. El estupor que produjo en muchos diputados tal decisión fue enorme. Toreno relata:

Prosiguiendo el debate se encendieron más y más los ánimos, á punto que las galerías, compuestas al principio de los espectadores que hemos dicho, se desmandaron y tomaron parte en favor de los defensores de la Inquisición; y acordámonos haber visto algunos frailes desatarse en murmullos y palmoteos sin cordura, y olvidados del hábito que los cubría. No se arredraron los liberales; ántes bien les sirvió de mucho un celo tan indiscreto. (Toreno, p. 1118)

Entre los espectadores gaditanos de las Cortes, sobresalió uno llamado Pablo López, conocido popularmente como “El Cojo de Málaga”. Existen versiones muy diferentes sobre su vida y sus actos, en algunos casos con valoraciones disparatadas tendentes a exculpar la vesania de los serviles y de aquel rey despreciable y perverso⁵.

Era un reputado sastre de profesión, pero había huido a Cádiz tras la entrada de los franceses en Málaga. Persona de buen humor y trato agradable, gustaba de andar por los corrillos y comentar los acontecimientos, a la par que hacer algunos chistes contra el fanatismo y quienes rechazaban los principios de la libertad. Aplaudía con fervor desde la tribuna aquello que le gustaba e incluso debió increpar en ocasiones, y aquello servía de señal al auditorio que fiaba en su juicio, que de algo bueno se trataba. Tanto fue así que alcanzó cierta popularidad pero al unísono, se ganó el odio de los serviles.

Según cuenta él mismo, en junio de 1811 se fue a Gibraltar. No obstante este dato puede ser inexacto. Gil Novales nos cuenta que “en el nº 314 del Diario Mercantil de Cádiz, correspondiente al 5 de septiembre de 1813, apareció un artículo firmado por un Pablo López y que, seguramente, fue escrito por él, pero sólo se conserva la última línea en la que dice que actuará formalmente contra el falso calumniador N.A. Parece ser que el artículo al que hacía referencia fue escrito en Cádiz el 1 de septiembre de 1813”.

Cuando en 1814 las Cortes se trasladaron a Madrid, teniendo como sede otro teatro, el de los Caños del Peral, “El Cojo” tomó su rauta y recaló a su vez en la capital. Siempre se le encontraba en los alrededores del Congreso o en las tribunas. Esa fue sin embargo la clave de sus desgracias.

Consciente de los enconos que percibía en su contra y los chismes calumniosos respecto a su actuación, El Cojo escribió un opúsculo en el que daba cuenta de sus actos y compromisos patrióticos. Llevaba fecha del 14 de marzo de 1814 y lo publicó en la imprenta madrileña de la viuda de Vallín. El título era prolijo: Manifiesto de la conducta y servicios hechos a la Patria en el tiempo de la gloriosa Revolución, por Pablo López, el conocido por El Cojo Malagueño de la Puerta del Sol. Su objetivo era desmentir las versiones de los realistas de que era un vago, un maleante y que actuaba a sueldo de los liberales, aduciendo que siempre había sido un trabajador en su oficio y liberal de bien, que sólo se movió por sus convicciones.

El golpe de Estado que dio Fernando VII contra las Cortes la noche del 10 al 11 de mayo de 1814, tuvo como ejecutores al ignorante y fanático general Eguía en la parte operativa militar, y al pérfido y funesto conde de Montijo en la agitación en los barrios bajos de Lavapiés y la Cebada, al igual que hiciera en la preparación del motín del 2 de mayo. Eguía recibió una lista remitida por Macanaz, el corrupto compinche de Fernando y su secretario de oficios, que fue quien la dictó. Se indicaban las personas que había que encarcelar de inmediato. En ella figuraban los más granados representantes liberales de las Cortes y la cerraba “El Cojo”.

Causa sorpresa que en la primera saca de liberales perpetrada por aquellos desalmados cerriles, junto a actores de primera fila en la recién descubierta política cívica española, figurase un modesto y entusiasta espectador. Los cargos contra él no podían ser de mucha enjundia y así fue: haber aplaudido a los liberales desde la tribuna de las Cortes, dar algunas voces y acudir a una serenata que se dio a varios diputados en Madrid. Hasta los celadores de los tribunales hablaban a su favor, encontrando que su comportamiento jamás había faltado a la compostura y la corrección. No hubo un solo testigo que declarase en su contra. Pues bien, con esos cargos le condenaron a diez años, pero Fernando VII no conforme con ello firmó por su cuenta ¡¡¡la condena a la pena de muerte afrentosa en la horca!!! El escrito de su puño y letra se conserva en Oxford.

Pablo López entró en capilla aguardando la hora de su suplicio. Se levantó el cadalso en la plaza de la Cebada. El verdugo le puso el sudario que debía envolverle y rodeado de una muchedumbre, como solía concitarse en estos acontecimientos repugnantes, “El Cojo” marchó hacia el patíbulo sito en la plaza de la Cebada. El Encargado de Negocios británico, mister Vaughan, movido por razones diversas y puede que por el horror que aquella barbarie le producía, habló con el Conde de San Carlos recordándole promesas anteriores del monarca y amenazó con retirar la embajada. El Conde lo hizo con el rey. Al parecer este les respondió, según relata el autor de Los Ministros… (p. 380): “Ya le perdonaremos; dejémosle que vea siquiera el cadalso”.

Aquel ser capaz de las mayores ignominias y maldades, sonrió al decirlo. Y “El Cojo”, casi exánime, pisaba las gradas del patíbulo cuando llegó el mensajero con la conmutación de la pena. Aquella muchedumbre ignorante y fanatizada aún se atrevió a dar vivas a Fernando. Pablo López, “El Cojo de Málaga”, culpable del delito de aplaudir y jalear algunos discursos en las Cortes, fue a cumplir cadena perpetua. En 1820 al restablecerse la Constitución, fue liberado y aún tuvo laces diversos en su vida que no son del caso.

Además de la inquina de los serviles y su afán obsesivo de venganza, hay que reseñar que el propio monarca tenía como uno de sus objetivos la misma cuestión. En el Decreto que firmó el 4 de mayo de 1814, copias del cual se colocaron en las esquinas de Madrid el día 11, se muestra fehacientemente. En uno de sus párrafos dice, refiriéndose a la proclamación de la Soberanía nacional:

Este primer atentado contra las prerrogativas del trono, abusando del nombre de la nación, fue como la base de los muchos que á éste siguieron, y á pesar de la repugnancia de muchos diputados, tal vez del mayor número, fueron adoptados y elevados á leyes que llamaron fundamentales, por medio de la gritería, amenazas y violencias de los que asistían á las galerías de las Cortes, con que se imponía y aterraba, y á lo que era verdaderamente obra de una facción se le revestía del especioso colorido de voluntad general, y por tal se hizo pasar la de unos pocos sediciosos que en Cádiz, y después en Madrid, ocasionaron á los buenos cuidados y pesadumbres.

El Cojo de Málaga se erigió según parece en la víctima propiciatoria entre los espectadores en las Cortes.

Resaca constitucional

La mala fortuna hizo que la Constitución se proclamara el 19 de marzo de 1812, día de San José en la onomástica católica. La jerga populista tan dada a los marchamos superficiales, la bautizó casi de inmediato como “La Pepa”. Fue una desgracia, porque el necio cliché pasó a ocultar el sentido hondo de aquel documento que pretendía que los españoles pudieran disfrutar de autogobierno, de derechos y deberes constatables y de impedir que el absolutismo monárquico o el despotismo volvieran a hacerse presentes. Hoy me causa espanto oír hablar de “La Pepa” con voz campanuda, ocultando con la anécdota vana lo sustantivo subyacente, a gentes que le hubieran hecho una higa entonces y que ahora hacen cuanto pueden para desdecirla.

Son en muchos casos los que hubieran estado contra la Constitución y los franceses en 1814, y aplaudieron enfervorizados la venida de otro ejército francés en 1823, al mando del duque de Angulema, apodado “los cien mil hijos de san Luis”, a petición de Fernando VII y por decisión del absolutista Luis XVIII el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Porque de eso se trataba: venían a restaurar el absolutismo de Fernando VII. Cádiz fue sitiada y bombardeada, pero para ellos esto es aceptable.

La ciudad no fue tomada pero se llegó al acuerdo de entregarla y Fernando se comprometió a aceptar las libertades y la Constitución. Así se hizo. Seguidamente Fernando se unió a los invasores y abolió la Constitución y todas las leyes aprobadas en el trienio liberal. De hecho nunca hablan de este asunto, parecería que nunca existió. Fue la segunda vez que la Constitución de 1812 quedó abolida, en esta ocasión por la fuerza de armas extranjeras.

Visto a distancia, aflora la certidumbre de que el mayor dislate de los liberales de las Cortes, fue el fiar sus propósitos en la buena voluntad de un individuo tan torvo, abyecto y vil como Fernando VII. Se creyeron las mentiras propaladas por sus partidarios fernandistas, o al menos lo aparentaron, difundiendo la matraca de “el deseado” como si estuvieran convencidos. No puedo creer que tan doctas y sagaces personas nada supieran de su crueldad, su felonía, su rastrera conducta. ¿Cómo pudo causarles sorpresa que hiciera lo que hizo a su regreso? ¿Cómo es posible que repitieran más tarde? ¿Cómo no comprendieron que sin eliminar a aquel Borbón, su proyecto reformador era imposible? No es una vieja historia esta, sino un hecho crucial que condicionó todo nuestro desarrollo como país y como comunidad de ciudadanos.

Desde las filas serviles y aún de los centristas josefinos, no faltaron las acusaciones de republicanismo solapado hacia los liberales. Valera Suanzes afirma que “en las Cortes de Cádiz (…) ningún Diputado se manifestó a favor de la República, ni siquiera entre los Diputados americanos”⁶. Sin embargo el aroma de lo que defienden denota que muchos lo eran sin duda. Quintana, Arroyal, Mejía Lequerica y otros “americanos”, Antillón, por no hablar de Bartolomé José Gallardo que aún no siendo diputado tenía gran influencia por sus escritos en aquellos anales gaditanos, parecen partícipes de dicho pensamiento. Pero los liberales no se atrevieron a dar el paso y proclamar la República. En su descargo hay que decir que eran conscientes del mundo en que navegaban. El microcosmos de las Cortes y sus aledaños, apenas contaba con islotes de partidarios conscientes en las ciudades y pueblos.

La gran masa popular se movía por muy pocas ideas de un atroz primitivismo. Un pueblo mantenido en la incultura que los ilustrados quisieron remediar, basta acudir a los escritos de Jovellanos o Cabarrús para valorar las dimensiones del problema. Tenía como guiadores de su opinión a la clerigalla fernandista, dispuesta a todo para defender sus privilegios y el control de las conciencias. Se sentían capaces de provocar motines o silencios. Así ocurrió también mucho tiempo más tarde, después del 1 de abril de 1939. Pero entre tanto, cuando descubrieron que “el deseado” era “narizotas” y “felón”, ya estaban todos en los presidios, en el destierro o sumariados en el paredón o el cadalso. Ocurrió igualmente en 1823. Finalmente, la Constitución de 1812 reinstaurada en 1836, fue enmendada de malos modos para desembocar en la de 1937, plagada de concesiones a los moderados.

Lo cierto es que la Constitución de 1812 quedó arrasada en 1814 tras el regreso de Fernando, y con ella toda la labor de las Cortes. Aquello fue fruto de una conspiración impulsada por la voluntad del rey, el servilismo de muchos diputados y el concurso del populacho, al que había azuzado Montijo. Fue el mismo movimiento con el que se había montado la asonada del dos de mayo de 1808. Montijo sabía distribuir el dinero y apelar a los bajos instintos del hampa. Ellos fueron los que gritaban “¡Vivan las cadenas!” y arrastraron la lápida de la Constitución. Ellos fueron los que solicitaron a Eguía “despachar” a los liberales detenidos esa misma noche.

El autor de Los ministros de España, utiliza expresiones muy duras cuando se refiere a este momento: “¡Pueblo ciego! ¡Pueblo miserable! ¡Bien merecía aquel rey (…)” El pueblo cuando no lo es, adopta el desempeño de chusma o de horda o de caterva de linchadores. Es el populacho de los peores y más negros episodios de la historia humana, en que la razón se esfuma y sólo queda lo más sanguinario y vil de la especie. Aquí lo hemos padecido en muchas ocasiones.

Celebrar la Constitución de 1812 con discursos retóricos plagados de frases huecas, con desfiles de gentes disfrazadas, con fiestas banales de orientación turística, constituye un insulto hacia aquella obra gigantesca que acometieron unos españoles liberales, empeñados en la tarea de abrir la senda de la justicia y el progreso para España. Y ellos, como quienes optaron por la opción del rey José, fueron tildados de “antiespañoles” por los mismos que lo han sido siempre por sus comportamientos: políticos ignorantes, banqueros corruptos, mercaderes defraudadores, fanáticos obsesivos y esa chusma procaz que sumida en la ignorancia se convierte en su fuerza de choque. Honremos la Constitución aquella y honremos al teatro.

Notas

1.- Blanco White, José María; Autobiografía; edición, traducción, prólogo y

notas de Antonio Garnica. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1975, 2ª 1988. Puede también leerse en la Biblioteca Cervantes.

2.- Toreno, Conde de: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2008, pp. 772-73. Todas las referencias a Toreno proceden de esta edición.

3.- Sempere y Guarinos, Juan: Histoire de Cortes. Burdeos: Pierre Beaume Imprimeur-Libraire, 1815.

4.- Los ministros de España desde 1800 a 1869, cuyo autor aparece tras el seudónimo de: “Uno que siendo español no cobra del presupuesto”. Tomo segundo. Madrid: J. Castro y compañía, Editores; 1869, p. 163. Es un libro curioso, con notables errores pero con jugosas informaciones.

5.- Hay informaciones más precisas y artículos de divulgación que en ocasiones no son sino interpretaciones interesadas. Además de Los ministros de España ya citado, cito igualmente:

– Solís, Ramón; El Cádiz de las Cortes. Barcelona: Plaza y Janés S. A., 1978,

pp. 116-118

• Llorens, Vicente: Liberales y Románticos. México. 1954, p. 34
• Villaurrutia, Marqués de: Fernando VII, Rey constitucional. Madrid, Beltrán, s.d., pp. 146-148
• Gil Novales, Alberto: López, Pablo (ss. XVIII-XIX). La web de las biografías, www.mcnbiografías.com

6.- Varela Suanzes, Joaquín: Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz. www.cervantesvirtual.com