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Isidora Revista
Eduardo Montagut
En los momentos finales de la Monarquía de Alfonso XIII tuvo lugar la asamblea de inspectores de primera enseñanza que aprobaron unas conclusiones dirigidas al Gobierno con el fin de mejorar la educación. En este apunte nos referimos a las mismas. Las cosas para la enseñanza cambiarían muy pronto con el establecimiento del nuevo régimen.
Las principales conclusiones de los inspectores eran las siguientes:
-Cada maestro no debía tener más que cincuenta alumnos a fin de que la enseñanza fuera práctica y eficaz.
-Debían crearse nuevas escuelas por lo que el Estado debía aportar las cantidades necesarias, aunque hubiera que disminuir otros gastos de los presupuestos.
-Se consideraba que el número de inspectores era insignificante en ese momento.
-Se solicitaba que se redujese el número de escuelas asignadas a cada inspector y que no debían ser más de cien.
-Debía dedicarse a la escuela rural toda la atención que requería y merecía.
-Debían mejorar los sistemas de enseñanza, haciéndola menos mnemotécnica (es decir, menos memorística), y sí más práctica.
-Había que construir veinticinco mil escuelas, que suponía un gasto de 250 millones de pesetas.
-Había que dar facilidades a los Ayuntamientos para la construcción de dichas escuelas, aportando durante diez años 25 millones para subvencionar a las mismas.
-Había que hacer efectivo el certificado de primera enseñanza.
-Debía crearse el servicio de la inspección médico-escolar.
-Había que potenciar el idioma español fuera de España.
-Debía hacerse efectivo el derecho del niño a su educación integral.
-Debían reformarse las Escuelas Normales de modo que los estudios contribuyesen a una mejor formación del maestro.
-El sueldo mínimo de los maestros debía elevarse a 4.000 pesetas, pudiendo llegar a 15.000 pesetas.
-Se estimaba que los traslados habían sido un procedimiento arbitrario que alteraba y perjudicaba los servicios. Por eso se solicitaba que los inspectores así trasladados volvieran a sus primitivos destinos, y los nombrados de forma no reglamentaria renunciasen a sus nombramientos, satisfaciendo el Estado los gastos que todo esto ocasionase, o en su defecto, que los sufragase la propia Asociación de Inspectores. Además, en la primera reunión de las Cortes debía llevarse un proyecto de ley restableciendo la inamovilidad y, por último, que el sueldo mínimo de ingreso en el escalafón de inspectores fuera de 6.000 pesetas.
Hemos trabajado con el número del 3 de febrero de 1931 de El Socialista.
