Rosa Amor del Olmo

Hay épocas en las que la política discute ideas, proyectos, modelos de país. Y hay otras, más tristes, en las que la política se convierte en una administración de agravios. España parece haber entrado de lleno en esta segunda categoría: la del resentimiento organizado, la de la sospecha como método, la de la conspiración como explicación universal y la de la venganza como sustituto de la justicia.

El problema no es sólo Zapatero. Tampoco es sólo el Partido Popular y su larga sombra judicial. Ni siquiera es únicamente la lista, cada vez más fatigosa, de investigados, imputados, procesados, comparecientes, comisionistas, asesores, intermediarios, familiares, fontaneros y beneficiarios colaterales de la política. El problema verdadero es más profundo: la política española ha ido perdiendo su dimensión ética y ha ido conservando, casi intacta, su apetito de poder.

Conviene empezar por una precisión. En el lenguaje común seguimos diciendo “imputado”, aunque la reforma procesal sustituyó esa expresión por “investigado” durante la fase de instrucción y por “encausado” tras el auto formal de acusación. La distinción importa, porque un investigado no es un condenado y porque la presunción de inocencia no es un adorno liberal, sino una de las últimas barreras que separan el Estado de Derecho del linchamiento público. Pero esa cautela jurídica no debe servir de refugio moral. Una cosa es no condenar sin sentencia; otra muy distinta es fingir que la política no tiene obligaciones antes de que hable definitivamente un tribunal.

Ahí aparece el caso Zapatero. La imputación del expresidente en el caso Plus Ultra ha colocado su figura en el centro de un terremoto político: según RTVE, el juez de la Audiencia Nacional lo investiga por presuntos delitos vinculados a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, dentro de una causa relacionada con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea. Todo deberá probarse, discutirse y resolverse judicialmente. Pero, desde el punto de vista político, el daño ya existe: no porque la acusación equivalga a culpa, sino porque vuelve a mostrar la sospecha de que el poder, incluso cuando abandona el Gobierno, conserva pasillos, teléfonos, amistades y puertas traseras.

El “problema Zapatero”, por tanto, no es sólo penal. Es simbólico. Durante años, Zapatero representó para muchos una política de talante, diálogo y superioridad moral frente a la derecha bronca. Si ahora su nombre queda asociado a una causa de tráfico de influencias, la herida no se limita a una persona: alcanza a toda una forma de legitimación política. La caída moral de un dirigente no consiste únicamente en haber infringido una norma, si se demuestra que lo hizo; consiste también en destruir retrospectivamente la confianza de quienes creyeron en su palabra pública.

Pero sería intelectualmente pobre convertir esto en una simple munición contra la izquierda. El Partido Popular arrastra su propio archivo de sombras: Gürtel, Kitchen, Lezo y otros nombres que han terminado formando parte de la memoria judicial de la democracia española. En 2026, el propio PP ha intentado marcar distancia con esa herencia afirmando que “el PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”, al tiempo que ha expresado respeto a la justicia y condenado la corrupción “sin matices”. Esa frase revela el drama de fondo: los partidos quieren que el pasado sea pasado cuando les perjudica, pero desean que el pasado del adversario sea eterno cuando les beneficia.

La corrupción política es grave; pero la corrupción moral del juicio político lo es aún más. En España, demasiadas veces, un caso judicial no se recibe como una ocasión para regenerar la vida pública, sino como una oportunidad para vengarse. No se busca verdad: se busca revancha. No se desea justicia: se desea espectáculo. No se espera una sentencia: se exige una cabeza.

Y ahí entra la filosofía de la traición.

La traición política no consiste sólo en cambiar de bando, incumplir un programa o negociar con quien ayer se insultaba. Esas son formas visibles, casi teatrales, de la traición. La traición más profunda es otra: traicionar la finalidad misma de la política. Aristóteles entendía la política como una actividad orientada al bien común. Cuando la política deja de buscar el bien común y se transforma en una tecnología de supervivencia personal, ya no estamos ante errores aislados, sino ante una degeneración del oficio público.

El traidor político no siempre parece un traidor. A menudo parece prudente, moderado, estratégico. Sabe sonreír. Sabe esperar. Sabe hablar de Estado cuando quiere decir partido, y de partido cuando quiere decir carrera personal. Su habilidad consiste en vestir de necesidad lo que sólo es conveniencia. Su delito moral no es siempre espectacular: no siempre hay sobres, comisiones o grabaciones. A veces basta con un silencio oportuno, una lealtad comprada, una mentira dicha con aplomo, una dimisión que nunca llega, una responsabilidad que se diluye en el plural: “todos lo sabíamos”, “nadie me informó”, “era otra época”.

La mediocridad política nace precisamente ahí: en la ausencia de grandeza interior. No es mediocre quien se equivoca; mediocre es quien no está dispuesto a pagar el precio de la verdad. Mediocre es quien confunde astucia con inteligencia, cálculo con prudencia, propaganda con pensamiento. La política española está llena de personas muy listas y escasísima sabiduría. Hay abundancia de estrategas y pobreza de estadistas. Sobran operadores; faltan servidores.

La conspiración, por su parte, es la metafísica de una sociedad cansada. Cuando nadie confía en nadie, todo parece obedecer a una mano oculta. Si un juez investiga, se dice que hay lawfare. Si un periodista publica, se dice que obedece a una cloaca. Si un adversario denuncia, se dice que forma parte de una operación. A veces existen maniobras, presiones, intereses y operaciones oscuras; negarlo sería ingenuo. Pero cuando todo se interpreta como conspiración, la verdad deja de importar. La realidad se convierte en una pantalla donde cada cual proyecta su odio.

Los estudios sobre desinformación y polarización en España vienen señalando precisamente ese círculo vicioso: la polarización alimenta la desinformación, y la desinformación intensifica la polarización; además, la polarización afectiva se basa cada vez más en el rechazo emocional al adversario que en la adhesión racional a un proyecto. Dicho de forma más sencilla: ya no discutimos tanto porque pensemos distinto; discutimos porque nos detestamos.

Y la inquina es eso: el odio convertido en rutina. La inquina no quiere convencer, quiere humillar. No quiere corregir, quiere destruir. No quiere que el adversario rectifique, sino que desaparezca. Por eso la inquina es tan peligrosa en democracia: porque conserva las formas parlamentarias mientras pudre el alma cívica. Se vota, se debate, se comparece, se investiga; pero por debajo circula una pasión oscura, más cercana al ajuste de cuentas que a la deliberación pública.

La venganza se disfraza a menudo de justicia, pero ambas pertenecen a órdenes morales distintos. La justicia quiere restaurar un equilibrio; la venganza quiere prolongar una herida. La justicia necesita pruebas; la venganza se alimenta de sospechas. La justicia mira hacia una reparación; la venganza mira hacia el castigo del enemigo. La justicia exige instituciones fuertes; la venganza sólo necesita público. Ese es el riesgo actual: que la política española ya no quiera limpiar la casa común, sino incendiar la habitación del contrario. Cada partido denuncia la corrupción ajena como si la propia no hubiera existido nunca. Cada bloque habla de regeneración cuando está en la oposición y de prudencia cuando está en el Gobierno. Cada escándalo se interpreta menos como una vergüenza nacional que como una ocasión electoral.

La traición final es esa: haber convertido la vida pública en una guerra de absoluciones propias y condenas ajenas. La derecha se absuelve con el argumento del pasado superado. La izquierda se absuelve con el argumento de la superioridad moral. Los nacionalistas se absuelven con el argumento de la causa. Los populistas se absuelven con el argumento del pueblo. Y así, absolviéndose todos a sí mismos, nadie responde verdaderamente ante nadie.

Una democracia no muere sólo cuando llegan los tiranos. También se degrada cuando los ciudadanos dejan de esperar nobleza de sus representantes. Cuando aceptan que “todos son iguales”. Cuando confunden realismo con resignación. Cuando celebran la caída del adversario aunque el suelo institucional se hunda para todos. Quizá la pregunta filosófica no sea ya quién traicionó a quién. Quizá la pregunta sea más severa: ¿cuándo empezó la política española a traicionarse a sí misma?

Porque un país puede sobrevivir a un corrupto. Puede sobrevivir a un partido mediocre. Puede sobrevivir a un dirigente caído. Lo que no puede permitirse eternamente es una cultura política fundada en la venganza, la sospecha y el desprecio. Donde sólo hay inquina, no hay proyecto. Donde sólo hay conspiración, no hay verdad. Donde sólo hay cálculo, no hay grandeza. Y donde no hay grandeza, la política deja de ser servicio para convertirse en una forma elegante de rapiña.

España no necesita santos. Necesita adultos. Necesita políticos que sepan dimitir, partidos que no conviertan los juzgados en trincheras, periodistas que no disfracen el rumor de investigación, jueces protegidos de la presión partidista y ciudadanos que no pidan justicia sólo contra los otros.

La traición política empieza cuando el poder olvida que no le pertenece. La regeneración empezará el día en que recordemos que la democracia no se salva destruyendo al enemigo, sino impidiendo que el enemigo que llevamos dentro —la venganza, la soberbia, la inquina— gobierne en nuestro nombre.