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Isidora Revista
Del insulto en la calle a la degradación de la oratoria pública
Lidia Smitcz
Hay algo profundamente desagradable en contemplar cómo el insulto se ha convertido en una forma habitual de participación política. Ya no basta con discrepar, protestar, exigir responsabilidades o manifestar indignación. Parece necesario humillar, degradar, gritar una palabra ofensiva y convertir al adversario en una caricatura moral. Se insulta al presidente del Gobierno —sea quien sea y pertenezca al partido que pertenezca— como si la vulgaridad fuese una prueba de valentía y la grosería, una forma superior de conciencia cívica.
No lo es.
Se puede estar radicalmente en desacuerdo con un presidente. Se puede considerar que sus decisiones son injustas, equivocadas, irresponsables o incluso dañinas para el país. Se puede pedir su dimisión, combatir su programa, denunciar sus contradicciones y someter cada una de sus actuaciones al examen más severo. Esa es precisamente la esencia de una democracia: ningún gobernante está por encima de la crítica. Pero una cosa es la crítica y otra el insulto. Una cosa es fiscalizar el poder y otra rebajarse ante él.
El respeto institucional no exige admiración personal. No obliga a aplaudir, obedecer en silencio ni aceptar mansamente lo que hace un Gobierno. Significa comprender que quien ocupa la presidencia no es únicamente una persona con nombre y apellidos, sino el titular provisional de una institución que pertenece a todos. Insultarlo en la calle no deteriora únicamente su imagen. Deteriora también la calidad de nuestra convivencia y la idea que tenemos de nosotros mismos como ciudadanos.
Algunos justifican estos comportamientos diciendo que los políticos “se lo han ganado”. Es una explicación comprensible como desahogo, pero muy pobre como principio democrático. Si aceptamos que la indignación autoriza cualquier expresión, terminaremos admitiendo que toda diferencia puede resolverse mediante la humillación. Y cuando el insulto se normaliza contra quien no nos gusta, conviene recordar que mañana podrá dirigirse contra quien sí nos representa.
El problema, además, no nace únicamente en la calle. La calle reproduce con frecuencia lo que escucha en los parlamentos, en las tertulias, en los mítines y en las redes sociales. Los ciudadanos no han inventado por sí solos esta lengua de la descalificación permanente. Han aprendido de una clase política que, con demasiadas excepciones honrosas, ha sustituido la oratoria por el exabrupto, el razonamiento por la consigna y la ironía inteligente por la burla de patio de colegio.
La palabra política se ha empobrecido de una manera alarmante. Muchos discursos ya no pretenden convencer al que duda, sino excitar al que ya está convencido. No se construyen para ser escuchados en su totalidad, sino para proporcionar un fragmento de veinte segundos que pueda circular en las redes. La intervención parlamentaria deja entonces de ser un ejercicio de argumentación y se transforma en una fábrica de titulares: una frase hiriente, una comparación excesiva, una acusación desmesurada o una ocurrencia preparada para provocar el aplauso inmediato.
La política se ha vuelto demasiado consciente de la cámara y demasiado indiferente a la palabra.
Antes de hablar, muchos dirigentes parecen preguntarse no si lo que van a decir es verdadero, justo o útil, sino si será compartido, celebrado y repetido. De este modo, el adversario deja de ser alguien cuyas ideas deben refutarse y pasa a ser un personaje al que hay que ridiculizar. Ya no se discute una política económica: se atribuyen intenciones perversas. Ya no se rebate una reforma legislativa: se presenta al contrario como enemigo del país. Ya no se reconoce la posibilidad del error: se habla de traición, de destrucción y de catástrofe con una ligereza que termina vaciando esas palabras de significado.
Todo es histórico. Todo es intolerable. Todo es el final de algo. Todo adversario es un peligro absoluto.
Esta inflación verbal tiene consecuencias. Cuando cada decisión es descrita como una tragedia nacional, resulta cada vez más difícil distinguir entre una discrepancia ordinaria y una amenaza verdadera. Cuando se acusa constantemente al contrario de carecer de legitimidad moral, sus votantes terminan siendo considerados también sospechosos. Y cuando se convence a media sociedad de que la otra media no está equivocada, sino que es esencialmente malvada, la convivencia democrática empieza a parecer una concesión insoportable.
El mal gusto político no consiste solamente en pronunciar palabras malsonantes. Puede expresarse también mediante la crueldad, la insinuación, el desprecio social, el chiste calculado o la exposición humillante de la vida personal del adversario. Hay intervenciones formalmente correctas que están llenas de veneno, y discursos pronunciados sin elevar la voz que buscan degradar a quien tienen enfrente. La grosería no siempre grita. A veces sonríe desde la tribuna.
Tampoco debemos confundir las buenas maneras con una política inofensiva o domesticada. La oratoria democrática puede y debe ser apasionada. Puede ser contundente, mordaz e incluso incómoda. Hay momentos en los que la gravedad de los hechos exige palabras duras. Pero la dureza no necesita suciedad. Se puede acusar con precisión, denunciar con firmeza y combatir con toda la energía disponible sin convertir el debate público en una competición de improperios.
De hecho, el insulto suele ser el refugio de quien no posee un argumento mejor. Es una forma de pereza intelectual. En lugar de explicar por qué una medida es perjudicial, se desacredita a quien la propone. En lugar de demostrar una contradicción, se asigna una etiqueta. En lugar de aportar hechos, se eleva el tono. El insulto produce una sensación inmediata de victoria, pero no demuestra nada. Solo revela que se ha renunciado a persuadir.
Lo más preocupante es que esta degradación acaba modificando nuestra sensibilidad. Nos acostumbramos. Lo que hace unos años habría provocado rechazo hoy apenas sorprende. Una multitud profiere una ofensa contra un cargo público y alguien responde que “no es para tanto”. Un representante político utiliza una expresión indigna y sus seguidores la celebran porque “ha dicho lo que todos pensamos”. Poco a poco, la vulgaridad deja de parecernos vulgar cuando procede de nuestro bando.
Ahí reside una de las mayores trampas de la polarización: juzgamos las palabras no por su contenido, sino por quién las pronuncia y contra quién se dirigen. Condenamos el insulto cuando alcanza a los nuestros y lo justificamos cuando golpea a los otros. Pero el civismo que solo se aplica a los aliados no es civismo. Es conveniencia.
Una democracia madura debería exigir a sus representantes algo más que eficacia electoral. Debería pedirles también altura verbal, dominio del lenguaje y capacidad para contenerse. Hablar bien no es adornar frases con palabras cultas ni recitar discursos grandilocuentes. Es ordenar el pensamiento, distinguir los hechos de las opiniones, llamar a las cosas por su nombre sin exagerarlas y reconocer que quien discrepa sigue siendo un ciudadano, no un enemigo.
La buena oratoria política no consiste únicamente en seducir. También consiste en limitar la violencia. Las palabras pueden abrir un espacio común o incendiarlo. Pueden convertir un conflicto en debate o un debate en enfrentamiento. Quien ocupa una tribuna pública tiene, por tanto, una responsabilidad especial. No habla solamente para quienes le aplauden. Su lenguaje contribuye a establecer los límites de lo que una sociedad considera aceptable.
Por eso resulta tan grave que algunos políticos se comporten como agitadores cuando deberían ejercer de representantes. Saben que determinadas palabras producirán hostilidad, pero las utilizan porque esa hostilidad moviliza. Saben que están simplificando una cuestión compleja, pero la simplificación proporciona votos. Saben que el adversario no es exactamente lo que dicen que es, pero la caricatura resulta más rentable que la verdad.
Después se lamentan del clima social que ellos mismos han contribuido a crear.
Recuperar las formas no significa regresar a una sociedad sumisa ni imponer una cortesía artificial. Significa restaurar el vínculo entre palabra y responsabilidad. Significa comprender que el respeto no es reverencia, que la educación no equivale a debilidad y que la contundencia no necesita convertirse en ordinariez.
Un presidente debe soportar la crítica, incluso la más áspera, porque el poder lleva consigo esa obligación. Pero ningún ciudadano debería sentirse orgulloso de sustituir la crítica por el insulto. Y ningún político debería alimentar esa degradación para obtener un aplauso fácil.
La calidad de una democracia se mide también por la manera en que se habla en ella. No solo por sus leyes, sus elecciones o sus instituciones, sino por el lenguaje con el que sus ciudadanos y representantes expresan el desacuerdo. Porque cuando las palabras pierden toda dignidad, la política termina perdiéndola con ellas. Y cuando el insulto ocupa el lugar del argumento, no vence la libertad de expresión: vence la pobreza del pensamiento.
