Elena Lázaro Real, Universidad de Granada

En sala aparte, tras una puerta blindada, en el sótano, con la cantidad de luz y humedad permitida por el equipo de conservación y cerca de la primera licencia de impresión del Quijote fechada en 1604. Así conserva el Archivo Histórico Nacional la carta que Manuel Azaña, presidente de la II República Española, dirigió al entonces presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, anunciando su renuncia a la presidencia.

En ella aceptaba la derrota ante el fascismo y volvía a reclamar la negociación de una paz “humanitaria”. Está firmada el 27 de febrero de 1939 en Collonges-sous Salève, en la frontera francesa con Suiza, y es uno de los documentos imprescindibles de la historia contemporánea española.

El subdirector del Archivo Histórico Nacional, Enrique Pérez Boyero, la lee desde el sótano para Fabio Sáenz Bahamondes, que me acompaña en la visita, y para mí y cuesta contenerse. Pedimos permiso y guantes para poder tocarla. Hay algo de fetichismo en el gesto; admitámoslo, palpar la historia es demasiado tentador. Imaginar el momento en el que Manuel Azaña se enfrentó a aquel papel en blanco, fantasear con la imagen de la tinta derramando palabras amargas de aceptación de la victoria de los golpistas convierten ese trozo de papel en un objeto casi mítico.

Un documento histórico

Manuel Azaña no incluyó esa misiva en sus Memorias políticas y de guerra, escritas a partir de una selección de textos de sus diarios y publicadas por primera vez en España después de su muerte en plena Transición. La carta que hemos “manoseado” es patrimonio nacional desde hace apenas seis años, cuando los herederos de Juan Arroquia, un funcionario de correos, militante republicano y amigo íntimo del destinatario de la misma, decidieron donarla definitivamente al Archivo.

No venía sola. De hecho, llegó junto a decenas de documentos conservados en las 26 cajas que componen el fondo personal de Diego Martínez Barrio en el Archivo Histórico Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura. Entre discursos, cartas oficiales y personales, nombramientos y otros papeles, la carta de Azaña es una pieza única en la colección de legajos que custodia el Archivo.

Esa misiva es el documento que confirma el inicio del exilio de Azaña, el jefe de un Estado asaltado por los militares rebeldes. Con ella, el presidente de la República Española iniciaba un camino que seguirían miles de españoles –algunos conocidos; la mayoría anónimos–. Todos ingenuamente convencidos de que no duraría mucho, de que la guerra en Europa acabaría con todos los fascistas, también al sur de los Pirineos.

De la esperanza a la resignación

Cecilia Martín, jefa de la sección de archivos privados, lee otra carta. Está cifrada y firmada por Marcelino Pascua, embajador de España en la URRS (quien acordó el depósito allí de parte de las reservas de oro español, el famoso “oro de Moscú”).

Va dirigida a los embajadores españoles en La Habana y Santiago de Chile y al delegado permanente en la Sociedad de Naciones en Ginebra. Apenas han pasado dos semanas de la dimisión de Azaña y ya se organiza la evacuación de la población. Ahora sí se da la guerra por perdida. Es una de las 27 cartas del epistolario de Pascua recuperadas y documentadas por el AHN.

Abre otra caja. Está, como todas, cerrada con una tira de tela convenientemente anudada; los legajos, ordenados en su interior. La manipulación de este tipo de documentos exige un protocolo que minimice su deterioro. Cecilia extrae la carta que Antonio Ramos Oliveira, periodista e historiador, envía a Margarita Nelken, diputada socialista, en julio de 1953. Habla de su traslado a Santiago de Chile y admite que los exiliados han dejado de “vibrar”. Como Azaña 14 años antes, todos se han rendido. Nadie había querido acabar con el fascismo al otro lado de los Pirineos.

Epistolarios como el de Martínez Barrio, Pascua o Nelken no son cuantitativamente el tipo de fondo más numeroso del Archivo, como explica Ignacio Panizo, responsable de difusión. Tampoco el que más quebraderos de cabeza da al área de conservación del Archivo, experta en recuperar pergaminos y legajos con muchos más siglos de antigüedad.

Sin embargo, resultan imprescindibles para explicar las vidas de quienes se vieron forzados a dejar el país a partir de 1939. En ellos conviven documentos oficiales, cartas y escritos de contenido político, pero también el relato de la intimidad de quienes sufrieron el exilio. No es extraño leer en estos epistolarios referencias a las dificultades económicas que sufrieron los refugiados, detalles de sus viajes o lamentos por la pérdida.

Fondos necesarios para entender

Buena parte de estos fondos personales llegaron a lo largo de los años 80 con el retorno de la democracia, pero lo hicieron con una fórmula jurídica menos garantista. Eran depósitos y no donaciones. Algunos solo podían ser consultados con la autorización expresa de sus propietarios. La política de adquisición del Archivo ha favorecido, en cambio, la donación altruista de este tipo de fondos, de manera que queden libres para ser consultados en la sala siguiendo el protocolo de cualquier otro documento, es decir, sin tiempos de espera que eternicen su estudio.

En esta estrategia, el Archivo ha incorporado en los últimos meses los archivos personales del coronel de Infantería Aureliano Álvarez-Coque y del archivero José Ignacio Mantecón.

Álvarez-Coque participó en la defensa de Madrid y acabó exiliado en México, desde donde se cartearía con muchos otros militares leales a la República. Ahora es posible leer sus notas y planos de la guerra en Madrid y las cartas de quienes cumplieron con su obligación en el ejército: mantenerse al lado del legítimo gobierno.

Mantecón fue secretario general del Servicio de Emigración de Republicanos Españoles (SERE), desde donde coordinó la marcha de refugiados españoles hacia México. Ahora es posible saber cómo se sintió organizando esa huida.

El archivo que falta

El director del Archivo, Juan Ramón Moreno, explica ese empeño por garantizar el libre acceso a la documentación relativa al exilio como una necesidad histórica. El relato de quienes mantuvieron desde fuera del país la esperanza de recuperar la democracia debe ser conocido. Romero se felicita por las últimas donaciones conseguidas (todas ellas sin coste alguno para las arcas públicas), pero le arrancamos un lamento: hay un archivo que no está y debería.

Es el archivo personal de Manuel Azaña. Su testimonio es una dispersión de documentos hallados en los archivos de otras personalidades que se relacionaron con él o en donaciones puntuales, como los diarios personales entregados por la nieta de Franco en los años 90 (sí, Franco tenía parte de los diarios de Azaña, probablemente robados por la Gestapo).

Para Juan Ramón Moreno esos archivos del presidente de la República deberían estar en manos del Estado, pero ¿quién dirime hoy, con la que está cayendo, dónde está el límite entre la vida pública y la privada de los presidentes?

Elena Lázaro Real, Investigadora colaboradora en el Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género, Universidad de Granada

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.