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Isidora Revista
Los casos de las islas
Rosa Amor del Olmo
Entregamos 1.350 euros para reservar una vivienda. El anuncio estaba publicado por Marenostrum Inmobiliaria, pero el documento de cobro identificaba a Sofía Hernández Romero y utilizaba la marca Soluciones Inmobiliarias. El dinero era una reserva en una cláusula y unos honorarios en la siguiente. Y, al investigar la casa, apareció un sótano sobre el que varios huéspedes ya habían advertido antes. Turistas acinados sin permiso de habilitación ni de estancia. Un negocio negro.
Hay operaciones inmobiliarias que se estropean por un malentendido. Esta no.
Aquí la casa cambia de categoría según la línea que se lea. En el encabezamiento es un chalet independiente; en la descripción, una casa pareada. En un párrafo se entrega completamente amueblada; unas líneas después aparece como vivienda sin amueblar. La renta pública es de 1.400 euros; en el documento privado, de 1.350. El anuncio lo publica una inmobiliaria; el dinero lo recibe una persona vinculada a otra denominación comercial. Y los mismos 1.350 euros son una reserva cuando se firma la primera cláusula y una prestación de servicios cuando se alcanza la quinta. Todo el mundo ha visto estas cosas en las islas, una pena.
No estamos ante una errata. Estamos ante una operación con más identidades que garantías.
El único elemento que no cambia es el cliente: el que entrega el dinero, facilita sus nóminas y contratos, confía en la supuesta intermediación profesional y acaba descubriendo que necesita realizar una investigación casi policial para saber qué casa estaba reservando, quién cobraba realmente y en nombre de quién actuaba.
Una casa que es una cosa y la contraria
El anuncio número 112204722 de Idealista ofrece actualmente una vivienda en Abades por 1.400 euros mensuales, con 95 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños. La cabecera la define como «casa o chalet independiente», mientras que el propio anunciante comienza su descripción presentándola como «casa pareada de esquina». No es exactamente lo mismo, aunque para algunos profesionales inmobiliarios las palabras parecen simples piezas decorativas.
No tienes nada que hacer? pues la busca y captura que aqui tienes otro que dice lo mismo.
https://www.idealista.com/inmueble/112204722
Hay muchos mas y esperamos que se resuelva un día de estos, cuando suceda algo grave, porque albergar a la gente en un sótano sin permisos, siempre ha sido delito ¿verdad?
La vivienda, según el anuncio, se distribuye en dos plantas. En la principal habría un salón con cocina integrada, terraza, tres dormitorios y un baño. En la inferior aparece un «estudio independiente» con cocina, dos camas y otro baño completo. Es una configuración suficientemente singular como para no confundirla fácilmente con cualquier otra casa del pueblo.
Pero el anuncio consigue superarse a sí mismo. La descripción asegura que la casa se alquila «completamente amueblada y equipada, lista para entrar a vivir». En el apartado de características básicas se lee, en cambio: «Cocina equipada y casa sin amueblar». Idealista también advierte de que la fotografía principal ha sido editada con inteligencia artificial. La inteligencia, por desgracia, parece haberse aplicado a la fotografía y no a la coherencia del anuncio.
Una equivocación aislada puede ser un descuido. Cuando cambian la tipología, el mobiliario, el precio, el intermediario y la naturaleza del pago, la palabra «descuido» empieza a trabajar demasiadas horas extraordinarias.
El anuncio figura gestionado por Marenostrum Inmobiliaria y aparece actualizado el 5 de agosto de 2026. Un día antes, el 4 de agosto, se había emitido el documento de reserva que obra en nuestro poder. Esa actualización posterior no demuestra por sí sola que se continuara ofreciendo la vivienda a terceros, pero exige una explicación sencilla: qué se actualizó, por qué se hizo y por qué el anuncio seguía activo después de haberse recibido una reserva.
El prodigio de los 1.350 euros que son dos cosas a la vez
El documento lleva el logotipo de Soluciones Inmobiliarias e identifica a Sofía Hernández Romero. Su primera cláusula declara que recibe 1.350 euros «como reserva de la vivienda». También identifica el inmueble, fija la renta mensual en 1.350 euros, establece un plazo de hasta sesenta días para formalizar el alquiler y obliga al interesado a declarar que conoce y acepta los gastos de gestión de la agencia. Un aprovechamiento de tantos profesores que llegan a las islas (también canarios, claro) para dar un servicio y a la desesperada les timan. ¡Voilà!
Hasta ahí, el dinero tiene una naturaleza comprensible: es una reserva.
Pero al llegar a la cláusula quinta sucede el milagro inmobiliario. Los mismos 1.350 euros dejan de ser solamente una reserva y pasan a definirse como una mensualidad entregada «como prestación de servicio por apoyo y localización de la vivienda».
Es decir, el documento consigue que una misma cantidad sea simultáneamente:
una suma entregada para reservar un inmueble;
y la retribución de un supuesto servicio profesional.
El euro, hasta donde sabemos, no posee el don de la bilocación jurídica. Una cantidad puede ser una reserva sometida a unas condiciones de devolución o puede ser el precio de un servicio efectivamente contratado y prestado. Lo que no debería hacer es transformarse de una cosa en otra dependiendo de qué cláusula convenga invocar.
La redacción se vuelve todavía más inquietante cuando establece que, si el interesado se arrepiente, la agencia podrá utilizar «los honorarios» para sufragar unos daños que no se identifican, no se cuantifican y no se acompañan de ningún método para acreditarlos. La suma que al comienzo era reserva reaparece después convertida en honorarios disponibles para cubrir perjuicios indeterminados.
No es un documento contractual. Es un contorsionista.
Y conviene detenerse en una expresión incluida en la cláusula de protección de datos: el texto se refiere a «SH Soluciones Inmobiliaria en construcción». La marca puede estar en construcción; lo que no puede quedar en obras es la identidad del profesional, su responsabilidad, su domicilio, su identificación fiscal, la factura correspondiente y la información facilitada al consumidor.
Una vivienda, dos inmobiliarias y ninguna explicación clara
La vivienda aparece públicamente anunciada por Marenostrum Inmobiliaria. Sin embargo, Marenostrum no figura en el documento mediante el cual se recibieron los 1.350 euros. En ese escrito aparece Sofía Hernández Romero y el logotipo de Soluciones Inmobiliarias.
La interlocución se mantuvo también mediante un perfil de WhatsApp identificado como «sofiacongabriel». Un nombre de perfil personal puede servir para conversar con familiares y amistades. Lo que no sustituye es una razón social, un número de identificación fiscal, un domicilio profesional, una hoja de encargo, una factura o la acreditación de que se actúa por cuenta del propietario.
El consumidor no tiene por qué resolver una sala de escape empresarial para averiguar quién se ha quedado con su dinero.
La colaboración entre inmobiliarias o profesionales puede ser perfectamente legítima. Pero, cuando existe, se informa. Se explica quién ha recibido el encargo del propietario, quién comercializa la vivienda, quién cobra, quién factura, quién responde y qué relación existe entre quienes intervienen. No hay que volverse loco: Abades se ha convertido en la nueva estafa. Al menos 6 o 7 inmobiliaras vacacionales han arrasado timando a la gente sin permisos, sin declarar la actividad. ¿Es esa la isla que queremos?
Aquí esas respuestas no aparecieron antes de la entrega del dinero.
Por eso las preguntas son inevitables:
¿Quién encargó el alquiler de la vivienda?
¿Quién autorizó a Sofía Hernández Romero o a Soluciones Inmobiliarias a recibir los 1.350 euros?
¿Qué relación existe entre Soluciones Inmobiliarias y Marenostrum?
¿Por qué una empresa aparece públicamente como anunciante y otra denominación figura en el documento de reserva?
¿Quién debía emitir la factura de los supuestos servicios de localización?
¿La cantidad se entregaba al propietario, a la agencia anunciante o a una intermediaria distinta?
Una operación profesional responde estas cuestiones antes de cobrar. Una operación opaca obliga a formularlas después.
El sótano no apareció ahora: llevaba tiempo dejando reseñas
Al investigar la dirección indicada en el documento descubrimos que el inmueble había sido explotado como alojamiento vacacional bajo el nombre Abades Beach Houses by Apartamentos Estrella del Norte. Ahí siguen acinados unos cuantos. ¿dirección?
https://www.idealista.com/maps/arico-santa-cruz-de-tenerife/calle-domingo-zacarias/7/
La antigua ficha de Booking situaba el establecimiento en la misma calle y número que aparecen en el documento de reserva. Además, comercializaba dos modalidades separadas: una casa de tres dormitorios y otra unidad de dos dormitorios, esta última con una cama doble y una litera. La ficha llegó a mostrar una puntuación global de 6,6 sobre 10, basada en nueve reseñas. Ahora lo que se estila es esconder turistas como si fueran emigrantes en un camión. El turista una vez que está en suelo canario, ¿qué va a hacer? sde aguanta. Unos ponen reseñas, otros vete a saber qué desgracia no habrán tenido que sufrir gracias a la estafa de moda.
Uno recoge lo que hace pero mucho peor, siempre es así o como slogan de esta gente carcelera: Eres lo que haces, no lo que dices que vas hacer.. Claro, no lo has visto ¿te han estafado? claro, lo han hecho, no se ha quedado en: lo voy a hacer. Claro que no.
La propia empresa de alojamientos continúa presentando por separado una Abades Beach House de dos dormitorios y otra de tres dormitorios.
La identificación del inmueble no se basa, por tanto, en una corazonada ni en que varias casas de Canarias estén pintadas de blanco.
La cadena es concreta:
El documento de reserva proporciona una dirección exacta.
La antigua ficha turística publica esa misma dirección.
Las fotografías conservadas muestran la misma fachada blanca, las carpinterías verdes, el patio interior, las escaleras, la distribución de las habitaciones y la existencia de dos espacios diferenciados.
El anuncio actual describe precisamente una planta principal con tres dormitorios y una planta inferior independiente con cocina, camas y baño.
La coincidencia documental, arquitectónica y distributiva es abrumadora. Quien sostenga que se trata de otra casa tiene una forma sencilla de demostrarlo: aportar la identificación registral del inmueble anunciado y explicar por qué todos los elementos coinciden.
Pero lo más grave no es que la vivienda se hubiera utilizado anteriormente como alojamiento turístico. Lo más grave es lo que algunos huéspedes ya venían denunciando.
Un cliente italiano tituló su reseña: «Venden un sótano para una casa adosada entera». Relató que esperaba una vivienda completa y que terminó alojado en la parte inferior, con acceso compartido y personas ocupando la planta superior.
Otro huésped explicó que había reservado una casa con jardín y recibió un apartamento en el sótano que, según afirmó, no aparecía adecuadamente reflejado en el anuncio.
Un tercer cliente señaló que las fotografías correspondían a la vivienda situada encima, mientras que el espacio entregado se encontraba en la planta inferior.
Incluso una reseña muy positiva confirmaba que la habitación era subterránea y que existían vecinos alojados en el piso superior.
Otra opinión hablaba de olor a humedad o moho en el espacio bajo tierra.
Estas reseñas no son sentencias judiciales. Son testimonios de huéspedes y deben entenderse como tales. Pero cuando una sola persona dice «sótano», puede existir una discrepancia individual. Cuando diferentes clientes, de distintas nacionalidades y en diferentes fechas, describen la misma planta inferior, la misma separación entre alojamientos y la misma diferencia entre lo esperado y lo recibido, la palabra «casualidad» empieza a quedarse sin aire.
La historia del sótano no nació con nuestra reserva. Ya estaba publicada.
La comisión que cambia de nombre para intentar cambiar de naturaleza
El documento obliga al futuro inquilino a aceptar los «gastos de gestión de la agencia» y, al mismo tiempo, define la mensualidad entregada como el pago de un servicio de «apoyo y localización».
La Ley de Arrendamientos Urbanos establece expresamente que los gastos de gestión inmobiliaria y los gastos de formalización del contrato corresponden al arrendador.
Naturalmente, una persona puede contratar voluntariamente un servicio independiente para que un profesional le busque vivienda. Pero eso exigiría una verdadera hoja de encargo, la descripción del servicio, su precio, su fiscalidad, la factura y la prueba de que ese servicio fue solicitado separadamente por el interesado.
Aquí la vivienda ya se encontraba anunciada públicamente. El propio documento habla de «gastos de gestión de la agencia». Y la remuneración coincide, hasta el último euro, con una mensualidad de alquiler.
Llamar «apoyo y localización» a lo que materialmente puede ser una comisión inmobiliaria no opera como un bautismo jurídico. Cambiar la etiqueta del sobre no modifica lo que hay dentro.
La normativa de consumidores también considera abusivas las estipulaciones no negociadas que, contra la buena fe, ocasionen un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor. Igualmente cuestiona la pérdida de cantidades anticipadas, el cobro de servicios no prestados y las indemnizaciones que no guarden relación con daños efectivamente causados. La declaración definitiva de nulidad corresponde a los tribunales, pero el problema jurídico existe y no desaparece porque alguien lo escriba con un logotipo en la parte superior.
Las nóminas y contratos tampoco pueden quedar en un limbo
Durante esta operación se entregaron nóminas, contratos y documentación económica destinada a acreditar solvencia.
Cuando alguien recopila esos documentos, no recibe un recuerdo de la negociación. Recibe información personal y económica que debe custodiar con una finalidad concreta y bajo una responsabilidad claramente identificada.
El artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos exige informar de la identidad y los datos de contacto del responsable, las finalidades y la base jurídica del tratamiento, sus destinatarios, el plazo de conservación y los derechos de la persona afectada.
La cláusula incluida en el documento habla de una inmobiliaria «en construcción» y utiliza fórmulas genéricas, pero no resuelve una cuestión elemental: quién conserva ahora las nóminas y contratos.
¿Sofía Hernández Romero?
¿Soluciones Inmobiliarias?
¿Marenostrum?
¿El propietario?
¿Se remitieron a terceros?
¿Han sido eliminados después de frustrarse la operación?
La misma intermediación que no explica con claridad quién cobra tampoco puede recibir un cheque en blanco para almacenar indefinidamente la documentación económica de una familia.
Esto no fue una simple discusión
Resulta tentador reducir todo lo sucedido a una conversación desagradable entre una inmobiliaria y unos posibles inquilinos. Sería cómodo, pero falso.
No discutimos únicamente por el tono de una llamada.
Discutimos porque se entregaron 1.350 euros.
Porque esa cantidad aparece con dos naturalezas distintas, porque engañan y engañan los propios canarios a otros compatriotas y son serviles de sus propietarios.
Porque el anuncio estaba bajo una inmobiliaria y la reserva bajo otra denominación.
Porque no se facilitó un acceso claro al propietario.
Porque la descripción actual contiene contradicciones objetivas.
Porque la vivienda tiene una planta inferior con un historial de huéspedes que ya habían denunciado diferencias entre lo reservado y lo recibido.
Porque se recogió documentación económica sensible.
Porque el anuncio se actualizó al día siguiente de firmarse la reserva.
Porque, cuando comenzaron a formularse preguntas, la respuesta no fue aportar documentación, aclarar las relaciones profesionales y reconducir correctamente la operación. Fue actuar como si devolver el dinero —en caso de producirse— bastara para borrar todo lo demás.
No basta.
El dinero puede devolverse. Las preguntas permanecen.
Una transferencia puede revertirse. La opacidad no.
Una reserva puede cancelarse. Los documentos siguen existiendo.
Y una conversación de WhatsApp puede cerrarse, pero las capturas, los anuncios, las reseñas y el escrito firmado no desaparecen con ella.
Nosotros denominamos lo ocurrido una presunta estafa inmobiliaria porque se nos presentó una operación aparentemente profesional que, al ser examinada, comenzó a deshacerse por todos sus extremos. Corresponderá a las autoridades determinar si existe responsabilidad administrativa, civil, tributaria, de protección de datos o penal. Pero no necesitamos esperar una sentencia para narrar lo que nos sucedió ni para advertir a otros consumidores.
No pedimos favores.
Exigimos la devolución íntegra de cualquier cantidad que corresponda, la identificación de todos los intervinientes, la acreditación de su autorización, la explicación del destino de los 1.350 euros, la supresión de nuestra documentación personal y una respuesta clara sobre la planta inferior de la vivienda.
También ofrecemos a Sofía Hernández Romero, Soluciones Inmobiliarias y Marenostrum la posibilidad de aportar una contestación documentada. Será publicada con el mismo rigor que el resto de las pruebas.
Porque el mercado del alquiler ya es suficientemente cruel sin necesidad de añadirle intermediarios que confundan, cobren y después pretendan que el consumidor agradezca que le devuelvan lo que nunca debió quedar en duda.
La casa está cerca del mar.
La operación, en cambio, huele demasiado a sótano.
