El derecho romano y la corrupción política

José Montesdeoca

            El Derecho Romano era más justo que quienes lo aplicaban, y ya recogía a su manera la presunción de inocencia cuando consagró el principio de que era preferible dejar libre a un culpable que castigar a un inocente. Como los castigos entonces eran algos más expeditivos que los de ahora, esta caución era muy necesaria, ya que los fiambres nunca han sido muy receptivos a las disculpas. Erigidos en depositarios de esta herencia clásica, nuestros políticos han actualizado la máxima hasta establecer que es mejor llenar las listas electorales con presuntos corruptos, antes que impedir a un candidato honorable acusado falsamente de entregarse en cuerpo y alma al servicio público.

            La presunción de inocencia es muy deseable, pero lo evidente es que sólo rige en el ámbito estrictamente judicial y no en la vida cotidiana. Será difícil que, anteponiendo esta garantía constitucional a la humana prevención, alguien confíe las clases de tenis de su hijo a un acusado de pederastia o que un banco contrate como cajero al supuesto rey del butrón. Se dirá que es de locos e injusto, que la sociedad está llena de prejuicios y que se penaliza anticipadamente por simples sospechas. Es tan cierto como que la vida es una tómbola.

            Para educarnos en valores, los principales partidos políticos han decidido dar un ejemplo de garantismo teórico. Uno entre cien de sus implicados en corruptelas acabará haciendo resplandecer su inocencia, cosa que no espero que ocurra con el “Trio Calavera” emergido desde el propio seno del PSOE, que están haciendo tambalear la mucha o poca credibilidad que le quedar al partido. Por suerte, el Comité de Ética ha sido resolutivo y dictamino la expulsión de los tres músicos, por no haber sabido interpretar la partitura o en su defecto, por desafinar en la parte central de la obra.

            En otras formaciones políticas, a estos tipos de personajes, carentes de catadura moral, principios y valores, se les compensan manteniéndoles en el puesto e incluso con una cena homenaje amenizada por Los Sabandeños, pero eso sería injusto. Así que lo mejor será dejar en sus puestos a los cargos públicos peperos encausados en procedimientos judiciales, a los cuales se les caerá el “presunto” en cuanto se vallan dictando sentencias, que sigan manejando dinero público, difamando y mintiendo sin escrúpulo alguno, incluso a sus propios votantes. Al fin y al cabo, ¿qué podrá suceder que no hubiera ocurrido ya?

            Se trata sólo de un primer paso, el siguiente será que los condenados rediman sus penas mientras ejercen el cargo de diputado, concejal o presidente autonómico. Los nuevos tiempos van por ahí. El PP, que lo sabe, tendrá que ponerse mano a la obra para redactar un nuevo código ético (cuestión ésta que poco le importa), de cara a su próximo congreso nacional.

            Le vaticino a la fuerza conservadora un otoño calentito, judicialmente hablando. Les aviso, para que a posteriori no nos vengan a decir, que no ganaron las elecciones porque no quisieron.