Reconstruir la base

Francisco Massó Cantarero

Históricamente, las clases sociales surgieron, como concepto, durante la segunda mitad  del siglo XIX, con el impacto de la revolución industrial. De  pronto, el mundo social se había dividido en dos categorías: el proletariado y la burguesía, que estaban enfrentadas a muerte. En esas circunstancias, León XIII publicó su Rerum novarum, con la buena intención de echar bálsamo cristiano y sensatez para remediar el encontronazo.

Por desgracia, el esfuerzo vaticano, que siguió adelante cuarenta años después con otra aportación de San Pio XI y, setenta más tarde aún, con otra de San Juan XXIII, resultó baldío. La doctrina social de la Iglesia no pudo impedir la muerte de 100 millones de personas (dato de Stéphane Courtois), que se oponían, supuestamente, a la llegada del Paraíso Comunista que Lenin, Stalin, Mao Zedong y los Jemeres Rojos de Camboya prometían a sus proletariados respectivos. Hay autores que cifran los muertos, víctimas del comunismo, en 150 millones…

Tanto los Papas, como la dictadura del proletariado han cosechado sendos estruendosos fracasos, uno en el plano moral y otro político en el del socialismo real. Ha sido la economía de mercado, con su filosofía liberal, la que ha logrado elevar el nivel de vida de la población general dentro de las sociedades occidentales. Hoy, el antiguo proletario tiene educación gratuita, servicios sociales, sanidad, pensiones y viajes del Imserso y está más dispuesto a votar a Vox que a los sedicentes progresistas, que realmente son regresivos en el plano político y logreros en el personal, como acreditan Irene Montero y su compinche Iglesias, que del humilde piso de Vallecas se encumbraron a la mansión de Galapagar y de la nada sacaron un negocio en Lavapiés.

La categoría de “proletario” se ha desplazado al tercer mundo, allí donde gobiernan ideologías medievales, y aun tribales, administradas por dictadores sin escrúpulo alguno para explotar a su población y mantenerla sumergida en la indigencia.

Paradójicamente, este inmenso estrato geopolítico es hoy la fuente de un proletariado, ahíto de hambre, sediento de justicia distributiva y exuberante de humanidad lacerada por todas partes, que los países occidentales se ven obligados a importar. La fuente está constituida por miles de millones de personas, con variaciones importantes en sus estatus de origen, que reclaman un hueco en la opípara sociedad occidental, cuyo nivel de vida dista años luz, medidos en renta per cápita, respecto a las sociedades tercermundistas. Éstas proveen oleadas crónicas de emigrantes, invasiones temerarias como la ocasional de Ceuta y el runrún terrorista que acosa siempre  bajo el epígrafe de la Yihad.

Dado el desafecto de sus fieles, a las ideologías comunistas y socialistas (son varias), herederas nostálgicas de la lucha de clases, les conviene nutrir sus huestes votantes con  proletarios importados. Para ellas, son su poder del presente para gobernar de inmediato, como ha ocurrido en Suecia, y garantía de supervivencia futura. Hay confluencia de intereses entre quienes vienen a vivir mejor y quienes quieren seguir viviendo de su ideología. El supuesto afán “humanitario” de las ideologías, llamadas progresistas, realmente es una regresión, una vuelta al pasado, un pretexto para romper el logro actual de las sociedades occidentales que, es preciso recordarlo, ha costado entre 100 y 150 millones de muertos. Todo vale con tal de  mantener la calamitosa lucha de clases y  justificar su existencia instigadora.

En el escenario nacional español, esta confluencia la estamos evidenciando en el proceso ceutí y la legislación que lo defiende y en el de la ley de nietos, con sus trampas y consecuencias.

El primer caso está amparado por una legislación filantrópica (y suicida), que se gestó para dar protección a los emigrantes cuando eran pocos,  sin calibrar el efecto que tales medidas iban a tener en el océano del proletariado. Hoy la UE ha dado marcha atrás, atendiendo al resultado; sin embargo, la legislación nacional sigue patrocinando un delirio: dar acogida al proletariado africano, cuya extensión potencial asciende a 1.000 millones y, por vínculos históricos, al sudamericano que supone otros 500 millones. Aunque restrinjamos el porcentaje de los proletarios importables, siempre nos sale un gentío que hace imposible la asimilación, pero sí hace factible el éxito electoral de la progresía regresiva.

El estancamiento legal no es inocente, obedece al interés electoral de quienes se han quedado sin base y necesitan reconstruirla, como sea: “buscando votos debajo de las piedras”, confesó el ínclito Pedro Sánchez, como si debajo de las piedras hubiera algo distinto a sapos y alacranes. Lorena Suárez, que lo interpretó al pie de la letra, buscó pasaportes de muertos que pudieran votar al PSOE en Argentina…Todo vale.

La otra alternativa es la ingeniería social, es decir, la ley de nietos y sus trampas.

Los hijos de quienes emigraron son de donde nacieron y se han criado, de allí cuyas costumbres han adoptado, cuyos ritos practican y por cuyos ideales viven, trabajan y se esfuerzan. Los hijos de nuestros emigrantes de antaño son de allí, su sentimiento de pertenencia está para el país que dio acogida a sus padres. Y sus hijos, nietos de quienes se fueron, o se exilaron, aún están más afincados en la patria de acogida de sus padres y abuelos. Por ella han trabajado, han sufrido sus fracasos y celebrado sus éxitos. En cambio, la patria de donde procedían sus abuelos es un recuerdo, generalmente doloroso por las razones que les obligaron al exilio o la emigración,  con la que no tienen vínculo alguno. En todo caso, resentimientos ácidos urdidos por los relatos.

Dar la nacionalidad española a estas personas es un regalo, ni pedido por ellos, ni merecido por su dedicación a España. Y tampoco tiene un valor restaurador de la tragedia que agobió a sus abuelos, porque los duelos, igual que los  derechos y deberes que nos hacen acreedores a tales derechos, son personales; no constituyen un patrimonio místico familiar que viaje a través de las generaciones. Si así fuera, tendríamos que dar la nacionalidad española a los descendientes de los moriscos expulsados por Felipe III (lo intentó Zapatero el de las joyas) y a los de  los sefardíes expulsados por Isabel y Fernando (se niega a hacerlo Sánchez porque no espera votos sionistas) y, con mejor derecho, si existiera,  a quienes formaron América, educando a los indios del Neolítico, a partir del segundo viaje de Colón.

El afán de reescribir la historia, para buscar votos es un disparate tan grotesco, como arbitrario resulta poner el límite en ochenta años y tergiversar el origen y causas del exilio.   Es una lección que debiera integrar la fiscal Puente, hermana del ministro del mismo apellido.

El resultado de esta ingeniería electoral lo estamos viendo ya: el presidente Sánchez no puede salir a la calle en España, si no va escoltado por 12 ó 13 coches y con destino a refugio seguro de adictos; sin embargo, lo jalean los invasores de Ceuta, los nuevos españoles del exilio y, posiblemente, los muertos que siguen votándole.