Republicanos y socialistas bilbaínos por la secularización de los cementerios

Eduardo Montagut

En la lucha por parte de los sectores más progresistas españoles por la secularización de los cementerios en la época contemporánea nos acercamos a la iniciativa de la izquierda de Bilbao en los inicios del año 1910, en tiempos del breve Gobierno de Segismundo Moret del Partido Liberal (octubre de 1909-febrero de 1910), después de la caída de Maura a raíz de la represión de la Semana Trágica, y justo antes de que se hiciera cargo de las responsabilidades gubernativas José Canalejas, quizás el político del sistema más destacado en su intento de aligerar el poder de la Iglesia en España. Esta iniciativa debe enmarcarse, por lo tanto, en el momento de acercamiento entre socialistas y republicanos después de décadas y décadas de desencuentro mutuo.

En el siglo XIX se había conseguido que una parte de los cementerios fuera para las sepulturas de los difuntos que no habían querido sepultarse de forma religiosa, la parte de los “disidentes”, claramente diferenciada del conjunto general con muros, pero la Iglesia siempre demostró muy poca disposición a perder su poder sobre los cementerios y los sepelios. Los socialistas se enfrentarían en muchas ocasiones sobre esta cuestión, como estamos estudiando.

En los inicios del siglo XX, la Instrucción General de Sanidad de 1904 fue un paso importante para la municipalización de los servicios en los cementerios, pero la Iglesia siguió teniendo un claro poder sobre la organización de la muerte de los españoles. Solamente la Segunda República quitaría este poder con la plena secularización de los cementerios.

Pues bien, como indicábamos al comienzo del artículo nos acercamos a la petición o exposición conjunta que el republicanismo y el socialismo bilbaínos dirigieron al Gobierno para la secularización de los cementerios en la capital vasca, ejemplo, por otro lado, de la recién inaugurada colaboración entre ambas fuerzas. En la misma podremos ver los argumentos que se empleaban para combatir el supuesto derecho de la Iglesia a decidir sobre todo lo relacionado con los sepelios. La demanda partía de lo que se consideraba un abuso clerical en Bilbao. La petición iba firmada por la Federación de Sociedades Obreras, la Agrupación Socialista, la Juventud Socialista, la Junta Municipal Republicana, la Juventud Republicana, el Casino Republicano, el Círculo Republicano y el Círculo Socialista. La exposición debía ser entregada por Facundo Perezagua, uno de los líderes del socialismo vizcaíno, a Moret, ya que pertenecía a la Comisión que se había desplazado a Madrid para tratar sobre la Exposición que Bilbao organizaría en 1912. Al no llegar a tiempo, fue entregada a los miembros de la Conjunción Republicano-Socialista, que la elevaron al presidente del Consejo de Ministros.

Apelando al derecho constitucional de petición demandaban un cambio legislativo relativo a inhumaciones y enterramientos para evitar actos considerados como atentados a las libertades de pensamiento y culto, así como un menosprecio a la conciencia del ciudadano, y que suponían una clara sumisión a la Iglesia que, con su poder, se arrogaba facultades que ya eran consideradas como incompatibles con el tiempo en el que se vivía.

Se aludía al inmenso poder de la Iglesia en las pequeñas localidades en esta materia, pero también en las zonas donde habría más personas y colectividades que habían roto con la religión católica, decidiendo cómo debían ser los enterramientos, el lugar donde descansarían los restos y hasta la proximidad y alejamiento de las personas que en vida habían tenido lazos familiares. Contra este poder nada valía, ni la voluntad del finado ni la decisión de las familias.

Esta situación implicaba el reconocimiento de un derecho a atentar contra las personas no católicas, sus conciencias y creencias, contradiciendo la Constitución de 1876 en vigor, y que establecía que nadie podría ser molestado en función de sus opiniones religiosas. El asunto tenía que ver con un conflicto entre religión, ciudadanía y libertades. Suponía una clara incompatibilidad con la soberanía del poder civil.

La Constitución no sancionaba en ninguno de sus artículos la autoridad eclesiástica sobre los enterramientos ni el que estuviera por encima de la voluntad del fallecido o de su familia. Por tradición y por ciertas interpretaciones de algunas leyes se había consentido esta situación, considerada por las organizaciones firmantes, como una corruptela.

Se exigía una solución en defensa de la “inviolabilidad de la conciencia”. Por eso había que reformar la legislación vigente sobre inhumaciones y cementerios, en el sentido de que dejasen de ser una facultad de la Iglesia, ajustándose estos actos a la voluntad del finado y/o de su familia, como señalábamos más arriba.

Hemos consultado el número 1248 de El Socialista donde se incluye la exposición al Gobierno. Es muy interesante la lectura del trabajo de Mikel Nistal, Legislación Funeraria y Cementerial Española: una Visión espacial, disponible en la red, porque, además, dedica mucha atención a la cuestión en el ámbito vasco.