Francisco Massó Cantarero

Los estados modernos, que nacieron entre las postrimerías del siglo XV y los albores del XVI, se caracterizaron por la liquidación del feudalismo, la preponderancia de la ley dictada por prerrogativa real y la seguridad dentro de las fronteras estatales. En el caso español, aún son observables las torres mochas de quienes apoyaron a la Beltraneja, y la Santa Hermandad despejó los caminos de bandidos salteadores.

Las leyes de Toro, de 1500, las de Burgos de 1512 y las Nuevas Leyes de Indias de 1541 son ejemplos del afán legislativo de la Corona para ordenar la convivencia entre la metrópoli y los nuevos territorios de las Indias Occidentales. Igualmente, entre 1494 y 1511 se suceden ordenanzas que limitan la autonomía de los gremios, hasta que estos quedan en meros transmisores de las políticas reales. Así, ocurrió con los textiles castellanos.

La Monarquía aspiraba a tener el monopolio del poder, aunque hubo de convivir con los Fueros de los diferentes Reinos peninsulares y respetar los derechos medievales que tenían las ciudades, que operaban como auténticas repúblicas independientes. El forcejeo dura hasta el Decreto de Nueva Planta de Felipe V y algunos impuestos de pontazgos y portazgos se mantuvieron hasta el siglo XIX.

No obstante, la tendencia hacia el absolutismo unitario fue permanente durante la dinastía de los Austrias y contundente tras la llegada de los Borbones, garantizando, en todo caso, la estabilidad interna, pese a altibajos y crisis muy agudas, como la Guerra de los Segadores de Cataluña (1640-52).

Como consecuencia de la Revolución Francesa, se incoa un proceso de reconocimiento de las libertades individuales que, en nuestro caso, corona en la “Pepa”, la constitución de Cádiz de 1812. En paralelo, Stuart Mill, padre del liberalismo moderno, en Inglaterra, con sus tesis sobre el utilitarismo apadrinó el reconocimiento de las libertades y derechos individuales que desembocaron en una suerte de socialismo liberal, o socio-liberalismo, que engendró la compasión del Estado.

El Estado-providencia experimentó un despliegue portentoso a partir de 1880, cuando Otto von Bismarck creó la seguridad social y, posteriormente, otros servicios como el seguro de accidentes, las pensiones, los seguros a los parados, etc. Así el Estado como compasión creció, a la par que cada vez había mayores aspiraciones a percibir prestaciones gratuitas. En la vertiente negativa de esos logros, se institucionalizó la pobreza y se incrementó la delincuencia.

A trancas y barrancas, andábamos en resolver estas contradicciones, cuando el Estado se nos reveló, en España, como un negocio inmenso para la plutocracia que lo gobierna. Pese a los 130.000 muertos que ocasionó el coronavirus de 2019 aquí, hubo negocios multimillonarios en la compra de mascarillas (algunas inservibles) y demás elementos de protección. Hay quien, incluso, ha cobrado comisiones por las subvenciones generosas que se concedieron a empresas dañadas por el confinamiento. Al averiguar estas argucias, han surgido, como setas, escándalos sin cuenta. Por doquier, se denuncia que el Estado es un gigantesco negocio que sirve a los políticos, que debieran intervenir en pro del bien común, pero cuya avaricia acapara bienes sin límite, traicionando la confianza otorgada.

Hoy, el Estado ni siquiera asegura la eficacia de la Guardia Civil, heredera de aquella Santa Hermandad creada en 1476. En consecuencia,  el bandidaje se adueña de barrios y costas, sea por el tráfico de drogas, sea por la lucha callejera entre pandillas, mientras España resulta refugio para delincuentes europeos. Es otra quiebra del Estado.

El seguro de salud creado por Otto von Bismarck, entre nosotros, tiene lista de espera, de más de un año en algunos casos, y por tanto su labor terapéutica queda desnaturalizada. Este problema no es óbice para que haya huelga intermitente de médicos. El Estado-providencia hace aguas, que se suman a la  rambla de la política de la vivienda, otro fracaso portentoso.

La legislación está paralizada, por razón de la minoría que asfixia al Gobierno que, incapaz, aun atado de pies y manos se empecina en mantener su situación de bloqueo, para bochorno –y angustia- de toda la ciudadanía, convertida en rehén de la inanición.  

Sólo nos faltaba que llegase el barco del hantavirus, llamado a nuestras costas desde Cabo Verde, a mil quinientos kilómetros de distancia. El motivo era demostrar cuán filántropos somos, cuánta generosidad somos capaces de desplegar, qué grado de alta tecnología podíamos aplicar, cómo de disciplinada es la población civil en general y nuestros sanitarios en particular.

A simple vista, la operación pudo montarse en Cabo Verde que, aunque pobre, tiene puerto y aeropuerto, médicos epidemiólogos doctorados en la universidad de La Laguna y laboratorio dotado para hacer las PCR necesarias. Todo cuanto era necesario.

Pero, no. El barco tenía que venir hasta Canarias, viajando juntos los infectados y los infectables durante una semana más. ¿A quién le importa? Había que cumplir  el acuerdo entre nuestras autoridades y el Director General de la Organización Mundial de la Salud, que se despedirá de su puesto en 2027. ¡Ojo, que son 300.000 € de salario anual!

Hay que preguntarse: ¿A quién puede aprovechar humillar a los profesionales de Cabo Verde y poner en riesgo de contagio a todo el pasaje del barco?

España aportó un puerto y un aeropuerto, un psiquiatra que salió del autobús con el equipo de protección en la mano aun siendo alto cargo gubernamental y una coartada para que Marlaska no asistiera al funeral por los dos últimos guardias civiles muertos en la desigual lucha contra el narcotráfico. El laboratorio de Majadahonda no tuvo que funcionar; ni siquiera nuestros epidemiólogos tuvieron que tomar muestras biológicas…El resto fue teatro, una puesta en escena fabulosa como preámbulo de la proclamación de un éxito grandioso, pergeñado en La Moncloa y propio de las hazañas de Sancho Panza en su Ínsula Barataria.

¿Sólo?

Veamos qué pasa, dentro de unos meses, en la sucesión del Director de la OMS.