Rosa Amor del Olmo

Comprender la situación de las mujeres en Canarias exige mirar simultáneamente al pasado histórico del archipiélago, a su estructura territorial fragmentada y a la evidencia empírica que ofrecen los datos contemporáneos. La realidad femenina en las islas no puede explicarse únicamente a partir de variables generales de género, pues la condición insular introduce factores específicos que afectan a la distribución del trabajo, el acceso a servicios y la organización social de los cuidados. En este sentido, el archipiélago constituye un laboratorio particularmente revelador para estudiar cómo se entrelazan historia, economía y territorio en la configuración de las desigualdades de género.

La lectura transversal de fuentes estadísticas oficiales y estudios académicos permite identificar tres rasgos estructurales que atraviesan la experiencia femenina en Canarias. El primero es el peso decisivo de la insularidad: vivir en Tenerife o Gran Canaria no implica las mismas oportunidades ni las mismas redes institucionales que hacerlo en islas con menor población y menor concentración de servicios. El segundo es la persistencia de un nexo estructural entre empleo y cuidados que condiciona la trayectoria laboral femenina. El tercero es la distancia entre los avances normativos en materia de igualdad y su aplicación efectiva, especialmente cuando se analizan los datos de empleo, demografía o violencia de género.

La demografía del archipiélago ilustra bien esta realidad territorial. Según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2025, Canarias cuenta con 2.180.883 residentes, con una ligera mayoría femenina (aproximadamente el 50,8 % de la población). La distribución por islas muestra una fuerte concentración en los dos territorios capitalinos: Tenerife, con 927.773 habitantes, y Gran Canaria, con 861.511. Les siguen a considerable distancia Lanzarote (152.695) y Fuerteventura (124.124), mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro presentan cifras mucho menores. En todas ellas se mantiene una ligera mayoría femenina: en Tenerife residen 471.603 mujeres frente a 456.170 hombres; en Gran Canaria, 439.159 frente a 422.352.

Estas cifras demográficas no son neutras desde el punto de vista social. La concentración de población determina también la concentración de servicios sanitarios, centros educativos, empleo cualificado y recursos institucionales de protección social. En consecuencia, la experiencia cotidiana de las mujeres puede variar significativamente entre islas capitalinas y no capitalinas. La insularidad no es solo una condición geográfica; se convierte en un factor estructural de desigualdad.

Para comprender esta situación es necesario situarla en una perspectiva histórica. Las investigaciones arqueológicas y patrimoniales recientes han comenzado a revisar el papel de las mujeres en las sociedades prehispánicas del archipiélago. Actividades culturales e investigaciones impulsadas por instituciones como el Museo Canario han contribuido a visibilizar la participación femenina en las estructuras sociales de las comunidades aborígenes. Aunque la evidencia arqueológica aún requiere estudios más detallados, estas aproximaciones muestran que la agencia femenina existía en ámbitos que la historiografía tradicional había relegado a un segundo plano.

La conquista castellana y la posterior integración de Canarias en los circuitos comerciales atlánticos transformaron profundamente estas estructuras sociales. La reorganización económica basada en la agricultura de exportación y el comercio atlántico consolidó nuevas jerarquías sociales y reforzó una división sexual del trabajo más marcada. Las mujeres participaron activamente en la producción agraria, en el comercio local y en las redes familiares de subsistencia, pero dentro de marcos jurídicos y morales que reforzaban su dependencia económica y social.

Durante el siglo XIX se produjo un cambio importante con la expansión de la educación pública. La docencia se convirtió en una de las primeras profesiones reconocidas socialmente para las mujeres. Investigaciones históricas de la Universidad de La Laguna muestran que entre 1863 y 1900 se titularon en Canarias 360 maestras. Este dato revela una presencia significativa de mujeres en el sistema educativo, pero también permite comprender las restricciones que acompañaban ese acceso. Los programas formativos incluían materias vinculadas a la economía doméstica y a las labores tradicionales, reflejando el ideal de feminidad dominante: las maestras debían formar a futuras madres y esposas dentro de un modelo familiar tradicional.

La consolidación del sistema democrático introdujo un nuevo marco jurídico para las políticas de igualdad. En el ámbito autonómico, la legislación canaria incorporó principios de paridad y equilibrio en la representación política. La normativa electoral establece que las candidaturas deben garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, lo que refleja la voluntad institucional de corregir las desigualdades históricas en el acceso al poder político.

Sin embargo, los avances normativos conviven con desigualdades persistentes en la esfera económica. Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre de 2025 muestran que la tasa de paro en Canarias se sitúa en el 12,6 %. Este promedio regional oculta una brecha significativa por sexo: el desempleo masculino alcanza el 11,6 %, mientras que el femenino asciende al 14,3 %. La temporalidad laboral muestra una tendencia similar: el 19,6 % de las mujeres trabajan con contratos temporales frente al 15 % de los hombres.

Estos datos reflejan un patrón persistente de precariedad laboral femenina. La mayor presencia de las mujeres en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios personales —sectores caracterizados por una fuerte estacionalidad en la economía turística— contribuye a explicar parte de esta diferencia. A ello se suma la persistencia de responsabilidades desiguales en el ámbito doméstico y de cuidados.

La desigualdad económica también se refleja en los salarios. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023, las mujeres en Canarias perciben una media anual de 23.439 euros, frente a los 24.604 euros de los hombres. La diferencia, cercana al 4,7 %, es menor que en otras comunidades autónomas, pero no debe interpretarse como una ausencia de desigualdad. Las estadísticas salariales agregadas pueden ocultar fenómenos como la segregación ocupacional, la parcialidad laboral o las diferencias en antigüedad.

La dimensión demográfica añade nuevos elementos a este panorama. En 2024 nacieron en Canarias 11.699 personas, la cifra más baja registrada en el siglo XXI. Este descenso se acompaña de un retraso en la maternidad: la edad media de las madres se sitúa en torno a los 31,9 años. La caída de la natalidad no puede explicarse únicamente por factores culturales; también está vinculada a las condiciones económicas, la precariedad laboral y las dificultades de conciliación.

Otro indicador relevante es la interrupción voluntaria del embarazo. En 2024 la tasa registrada en Canarias fue de 12,11 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Este dato permite situar el fenómeno dentro de una perspectiva comparada con otras comunidades autónomas y subraya la importancia de las políticas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

La violencia de género constituye otro de los indicadores más preocupantes de desigualdad estructural. Los datos del Instituto Canario de Estadística registraron 2.843 denuncias en el primer trimestre de 2025 y 2.841 en el segundo. Estas cifras deben interpretarse junto con la actividad del sistema de emergencias: el servicio 1-1-2 del Gobierno de Canarias registró en 2024 un total de 17.257 llamadas relacionadas con violencia de género, de las cuales 8.998 fueron clasificadas como emergencias.

La coexistencia de distintos indicadores —denuncias judiciales, llamadas de emergencia, intervenciones policiales— refleja la complejidad del fenómeno y la necesidad de enfoques integrales que combinen prevención, protección y atención a las víctimas.

En el contexto específico de Canarias, el análisis de género debe incorporar además la dimensión de la economía de servicios y la migración. La fuerte dependencia del turismo genera mercados laborales caracterizados por horarios irregulares y alta estacionalidad. En este contexto, las redes familiares de cuidados desempeñan un papel fundamental para sostener la participación laboral femenina. Las estrategias de conciliación se apoyan con frecuencia en redes intergeneracionales, especialmente en el papel de las abuelas en el cuidado infantil.

Al mismo tiempo, la presencia de mujeres migrantes en sectores como el trabajo doméstico, la hostelería o el comercio introduce nuevas dinámicas en la estructura social del archipiélago. Estas trabajadoras suelen ocupar posiciones laborales más precarias y con menor protección institucional, lo que amplía las desigualdades existentes.

El panorama que dibujan los datos es, por tanto, complejo. Canarias ha experimentado avances significativos en el reconocimiento formal de la igualdad de género, pero las desigualdades estructurales persisten en ámbitos clave como el empleo, los cuidados o la violencia machista. A ello se suma la dimensión territorial de la insularidad, que condiciona el acceso a recursos y servicios.

Ante esta situación, el diseño de políticas públicas debe incorporar una perspectiva territorial y basada en evidencia empírica. Entre las medidas prioritarias destacan el desarrollo de un sistema público de cuidados con cobertura equilibrada en todas las islas, la promoción de empleo estable mediante cláusulas de igualdad en la contratación pública y la mejora de la transparencia salarial. También resulta esencial fortalecer los sistemas de información estadística que permitan analizar la realidad social con mayor detalle por isla y sexo.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres en Canarias no depende únicamente de la aprobación de leyes. Requiere comprender las dinámicas históricas, económicas y territoriales que han configurado el archipiélago y diseñar políticas capaces de responder a esa complejidad. Solo desde ese enfoque será posible transformar los avances formales en igualdad real.